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Anticorrupción pide más de 93 millones a los imputados del ‘caso Pretoria’

La Fiscalía Anticorrupción solicita más de 93 millones de euros a los once encausados en la ‘operación Pretoria‘, entre multas y decomisos, y pide un total de ocho años de prisión para el exdiputado socialista autonómico Luis Andrés García y seis años y diez meses de prisión para los dos exdirigentes de CiU,  Macià Alavedra y Lluis Prenafeta.

En concreto, el ministerio público reclama una multa de 10,3 millones de euros y 3,2 millones en decomiso al exconsejero de Economía del Gobierno catalán Macià Alavedra, y pide 13,7 millones más el comiso de 5,8 millones evadidos para el que fuera secretario de la Presidencia del Ejecutivo presidido por Jordi Pujol, Lluis Prenafeta. Así consta en el escrito de calificación remitido por Anticorrupción.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio por concluida la investigación del `caso Pretoria´ el pasado 18 de diciembre con indicios suficientes para sentar en el banquillo a 11 personas, entre las que se encuentran los exdirigentes de CiU, así como exalcaldes o exdiputados del PSC como Bartolomé Muñoz y Luis Andres García.

El magistrado les imputa los delitos continuados de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. En su auto de modificación a procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento en el sumario, el juez relata toda una trama que desarrollaron presuntamente los imputados desde 2000 a 2009 para intermediar e influir en adjudicaciones públicas.

El ministerio público pide para el exdiputado socialista Luis Andrés García ocho años de prisión y 22,6 millones de euros de multa y el decomiso de 5,8 millones que tendrá que devolver de forma solidaria con cinco empresas implicadas en el pago de comisiones. Le considera el cabecilla de la organización.

En el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción se pide para el que fuera alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartolomé Muñoz seis años y diez meses de cárcel, pena que va acompañada de una multa de 4,1 millones de euros. Su concejal de Urbanismo Manuel Dobarco se enfrenta a una petición de un año de prisión y 4,1 millones de euros de multa.

Su ámbito de actuación eran operaciones urbanísticas desarrolladas en localidades de la provincia de Barcelona. A cambio de su labor de intermediación los imputados cobraban “cuantiosas comisiones” que ocultaban con la finalidad de hacerlas florecer posteriormente a través de complejos entramados societarios y financieros, según el auto de transformación en procedimiento abreviado dictado por el magistrado. Anticorrupción solicita para los presuntos testaferros de esta trama distintas penas. Para José Singla Barceló propone once meses de prisión y 1,5 millones de multa, para Manuel Carrillo pide tres años de prisión y 19.440 euros de multa.

Además, solicita 2 años y 9 meses de cárcel y multa de 6 millones de euros para Manuel Valera. Para Philip MacMahan pide 3 años y 6 meses de privación de libertad y multa de 4,2 millones de euros. Gloria Torres se enfrenta a una petición de 2 años y 6 meses por blanqueo y multa de 630.000 euros, mientras que Maria Lluisa Mas afronta tres años y seis meses de prisión y 9,5 millones de multa.

INGRESOS SIN JUSTIFICACIÓN

Según el ministerio público, entre los años 2001 a 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, todas ellas situadas en el área metropolitana de Barcelona, se ejecutaron una serie de operaciones urbanísticas que proporcionaron a los acusados la obtención de “cuantiosos e ilícitos beneficios y comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial”.

En las operaciones Pallaresa-Cubic, Niesma y Operación Badalona investigadas, “desempeñó un papel fundamental Luis Andrés García Sáez, también llamado `Luigi´, durante los años 1980 a 1988” conocido, según la fiscalía, “en todo el entorno empresarial dedicado al ámbito inmobiliario y de la construcción por su papel de “conseguidor o facilitador e intermediario” así como por ser notoria la relación e influencia que ejercía sobre los cargos públicos integrantes de los órganos decisorios de las adjudicaciones públicas de esos municipios.

En el escrito se especifica que los empresarios interesados en alguna adjudicación sabían que debían contar con la autorización Luis Andrés García, que contó con la “indispensable colaboración” de Manuel Valera Navarro, hombre de su confianza que figuraba como administrador en la mayoría de las sociedades” instrumentales y que le auxilió en el desarrollo de la actividad ilícita. Anticorrupción destaca la relación “fluida e intensa” que les unía con el alcalde de Santa Coloma y que hizo que fuera García el que tomara muchas de las decisiones urbanísticas de ese ayuntamiento en “estrecha” colaboración con Dobarco.

GANANCIAS MILLONARIAS

El juez cifraba en 6.080.405 euros lo obtenido ilícitamente por Alavedra, y en 14.984.865 euros lo que se embolsó Prenafeta, en parte cobrado en forma de comisiones. En el caso de Luis Andrés García, que según el juez tuvo una intervención principal, sus ganancias ascendieron a 5.886.925 euros, y fueron de 1.728.064 euros para Bartolomé Muñoz.

En su auto de modificación a procedimiento abreviado, el juez describe la operativa que establecieron los imputados desde el año 2000 hasta 2009 para intermediar o influir en adjudicaciones públicas. Ruz detallaba tres operaciones urbanísticas concretas llevadas a cabo en los municipios de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, en las que participó siempre el imputado Luis Andrés García Sáez.

El auto describe una dinámica similar de uso de influencias para conseguir adjudicaciones de terrenos, posteriormente se cambiaba el adjudicatario, se recalificaban los terrenos y se vendían a un precio superior. A cambio, los imputados percibían “cuantiosas comisiones respecto de las cuales se procedería ulteriormente a ocultar tanto su titularidad como el origen presuntamente delictivo de las referidas ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento posterior desvinculándose de su origen mediante, principalmente, la utilización de complejos entramados societarios y financieros”.

El dinero obtenido por Alavedra y Prenafeta procedía en parte de las comisiones recibidas y quedó oculto a la Hacienda pública, si bien ambos presentaron declaraciones complementarias del IRPF después de que se iniciara la investigación penal.

Los dos imputados y sus esposas desviaron sus ganancias a través de un entramado societario en las Islas Caimán y en Andorra, en el caso de Alavedra, y en Andorra y Suiza, en el de Prenafeta. Las ganancias ilícitas recibidas por Luis Andrés García ascendieron a 5.886.925 euros. En el caso del exalcalde de Santa Coloma Bartolomé Muñoz las comisiones ilícitas alcanzaron 1.728.064 euros.

La investigación abarcó acciones en seis países (Costa Rica, Estados Unidos, Portugal, Alemania, Suiza y Andorra), de donde proceden los últimos datos del mes de octubre. Tras el análisis realizado por la Agencia Tributaria de los informes presentados en diciembre, el juez consideró que las citadas diligencias “permiten dar por concluida la prolija instrucción de estas causa al haber quedado indiciariamente acreditada la comisión sistemática de las conductas objeto de investigación”.

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