Bankia es «dueña» de la información contable de Caja Madrid y por ello es «perfectamente ajustado a la legalidad» el uso que ha dado a los datos que tenía sobre las tarjetas opacas de esa entidad y que conservara los movimientos que hicieron sus usuarios.
Así ha respondido el banco a las acusaciones de varios imputados por las «black», que consideran que infringió la normativa de protección de datos al transmitir información -como los gastos que efectuaron con las mismas- cuando no era suya, sino de Caja Madrid.
En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al que ha tenido acceso Efe, en el que le pide que mantenga su rechazo a varias diligencias solicitadas por José María Arteta y Gonzalo Martín Pascual, el banco subraya que ha actuado «en todo momento con total legitimación y pleno ajuste a la legalidad».
Y ello porque Bankia es «dueña» de los datos provenientes de los negocios bancarios y parabancarios de todas las entidades que se fusionaron, entre los cuales se encuentran el de las tarjetas de crédito.
Los cargos que se efectuaban en ella tuvieron «lógica y necesariamente» reflejo en la contabilidad de Caja Madrid y, tras su fusión con las otras seis cajas que dieron lugar a Bankia, ésta estaba obligada a disponer de todos sus datos contables.
Para sustentar sus argumentos, la entidad trae a colación el ejemplo de los correos electrónicos corporativos del expresidente de la caja Miguel Blesa, que para tratar de frenar su incorporación a la causa apeló a que Bankia había vulnerado su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.
De la misma forma que la Sala de lo Penal aceptó como prueba estos correos, «es perfectamente ajustado a la legalidad que un dato bancario -legalmente cedido a Bankia– correspondiente a una tarjeta de crédito», puedan ser utilizados por la entidad y elaborar un informe sobre presuntas irregularidades detectadas en su uso.
Pero no solo está legitimada para utilizar esa información, sino también para denunciar todas las irregularidades que detecte, pues así se lo requirió el FROB a todas las entidades en 2013, algo que ya justifica «por sí solo» que iniciase sus pesquisas y terminara elaborando un informe que destapó el escándalo hace un año.
Si esto no fuera suficiente, el banco y sus administradores, como cualquier sociedad mercantil, tiene la obligación de velar por los intereses sociales y, solo por ello, desde el momento en que hubiese conocido un uso irregular de tarjetas de crédito, tenía el deber de investigarlo y ejercer las acciones que considerase oportunas.
A ello se une que las «black» no es el único hecho que han denunciado, ya que también ha remitido al FROB otras actuaciones.
Por último, explica que tiene la obligación de conservar la documentación durante 10 años al amparo de la normativa sobre blanqueo de capitales.
EFECOM
