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Bruselas apunta al IVA: los ajustes no han tenido “incidencia”en la recaudación

Critica que España registrase un déficit por las política en esta materia del 53,9%, el mayor de la UE 

Corría el año 1625 cuando, ante las lanzas españolas, Justino de Nassau entregaba las llaves de la ciudad de Breda al general Spínola, quién levantaba al vencido para evitar su humillación. Esta imagen del cuadro de Velázquez se puede tomar como metáfora de la batalla numantina que, en materia de IVA, España lleva librando con Bruselas desde 2012. Ahora bien, en esta ocasión previsiblemente será la Comisión quien sostenga la mano y Hacienda quien se rinda.

El Semestre Europeo 2016 que se hacía público antes de ayer apunta a la necesidad de revisar el impuesto que más toca al consumo, el IVA, equiparándolo con el tipo europeo del 23 por ciento, es decir, dos puntos por encima del actual 21 por ciento. Y es que el informe de 114 páginas vierte en varios puntos severas críticas a España, que en 2013 registró “el mayor déficit por la política en materia de IVA de la UE”.

El mencionado indicador, que determina lo que se dejó de ganar por la aplicación de los llamados tipos superreducidos y reducidos, se elevó en el caso español al 53,9 por ciento frente al 47,2 por ciento de media de los 28.

El documento destaca asimismo que la subida de tres puntos a la que se vió abocado el Gobierno, ahora en funciones, de Mariano Rajoy, no ha tenido el efecto esperado en las arcas del fisco. “En las simulaciones se ha asumido un ajuste de todos los impuestos sin incidencia en la recaudación”, se detalla en el cuadro sobre los efectos ‘macro’ de las reformas, y cifra el aumento del PIB en un 0,2 por ciento en 2020. Incremento en el que además del IVA hay que tener en cuenta la parte proporcional del tratamiento de la vivienda en el IRPF y los impuestos sobre la producción de la electricidad.

Tampoco se quedan cortos en palabras al afear a España “el nivel de imposición indirecta sea uno de los más bajos de la UE”, que, concretamente en 2014 fue del 11,6 por ciento del PIB, siendo el relativo al consumo del 15,2 por ciento.

Gasolina y gas

La de ‘valor añadido’ no es la única tasa que se ve expuesta a una posible subida. Los llamados impuestos verdes -petróleo y gas- también han merecido observaciones por partida doble. En primer lugar, porque sólo habrían representado el 1,86 por ciento del PIB y, en segundo, porque España habría hecho caso omiso de las recomendaciones específicas que se recogían en el informe de la Comisión correspondiente a febrero de 2014, “no fueron objeto de seguimiento”, reza el documento.

Puntillas que de llevarse a efecto tendrían como consecuencia, entre otras, una subida generalizada en la cesta de la compra. Además hemos de tener en cuenta que ésto afectaría directamente a la inflación -ahora en negativo-, ya es que cuando se incrementa en unos céntimos el precio de la gasolina se produce un efecto en cadena en el resto de bienes de consumo.

Por otra parte, “el sistema tributario español presenta características que pueden dificultar la inversión”. Los expertos insisten en lo “relativamente elevado” del 38,6 por ciento y del 32,9 por ciento medio sobre los tipos efectivos marginales y medios en sociedades.

IRPF

Con respecto a la reforma del IRPF que se adelantó a Julio de 2015 la Comisión coincide con los 6.000 millones de euros de coste presupuestario, o lo que es lo mismo “el 12 por ciento del total” de la recaudación por retenciones a las personas físicas de 2014. En este punto se da la voz de alarma ya que “pese a su diseño progresivo” podría contribuir a aumentar la desigualdad de ingresos.

Tampoco alcanzamos la media de la europea en recaudación por este concepto, algo que responde a que mientras en España el tipo impositivo implícito sobre el trabajo fue de un 32,2 por ciento en el resto de ‘los 28’ se fijó en un 36,4 por ciento.

Ahora bien, no todo es malo, el informe aplaude la intensificación de la lucha contra el fraude y la elusión fiscal así como los cambios introducidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la transparencia en los informes de cuentas de las Comunidades Autónomas.