La deuda de las CCAA con los proveedores superó en noviembre los 12.790 millones de euros, un 46 por ciento más que en el mes de mayo

«El procedimiento de infracción iniciado contra España en junio de 2015 sigue abierto», así reza la contestación que la Comisión Europea ha remitido a Diario Financiero respondiendo a, si tal y como anunció Hacienda el pasado 18 de diciembre, el expediente por incumplimiento de la Ley de morosidad se encontraba suspendido definitivamente.

La liebre la levantaba el viernes pasado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) que mediante comunicado afirmaba «la UE prosigue con el procedimiento de infracción a España». Fuentes de la Plataforma que preside Antoni Cañete y con las que ha podido hablar este medio confirmaban la información citando textualmente la respuesta de Laura Mc Grath, Policy Officer de la Comisión Europea, «quisiera informarle de que el expediente de infracción número 2015/2049 permanece abierto».

Pese a que la espada de Damocles sigue amenzanando la cabeza de Hacienda, ésto no significa que España esté al borde de la sanción ya que según detallan desde Bruselas «según lo acordado entre la Comisión y las autoridades españolas, se hará un seguimiento periódico de la evolución de la Directiva sobre morosidad en España por un período de un año».

Es precisamente esta argumentación la que fuentes del Ministerio de Hacienda emplean para matizar y justificar la divergencia entre las informaciones de Madrid y Bruselas «lo que está haciendo ahora la UE es en exclusiva un seguimiento; un procedimiento de observación para certificar que se cumplen los plazos de pago».

Así habrá que esperar a enero de 2017, cuando la Administración española tendrá que pasar un nuevo examen, en función de cuyos resultados «la Comisión analizará si el procedimiento evoluciona a la siguiente etapa o se cierra la infracción».  Algo, esto último, que se promete harto complicado si atendemos a los datos del mes de noviembre publicados por el departamento que lidera Cristóbal Montoro y que reflejan que la deuda comercial de la Administración Autonómica con sus proveedores alcanzo los 12.791,77 millones de euros, lo que significa un 46 por ciento más que en el mes de mayo cuando el montante era de 8.758,12 millones (4.033,65 millones menos).

En el conjunto de las Administraciones Públicas y durante el mismo periodo la deuda se habrían incrementado un 37 por ciento, desde los 10.600 millones de euros hasta los 14.700 millones.

«Malos tiempos»

Si bien la pasada semana la PMcM denunciaba que los Ayuntamientos habían incrementado más de un 40 por ciento interanual los plazos medios de pago a proveedores (de 56,70 a 79,57 días), la Adminsitración Central un 11 por ciento (de 88,15 a 91,62 días) y las Comunidades Autónomas un 4 por ciento (de 40,68 a 45,29 días), esta mañana eran los autónomos quienes ponían voz en grito.

«Malos tiempos nuevamente para la morosidad» se lamentaba Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos. Las Administraciones Públicas deben a los trabajadores por cuenta propia que trabajan más de 3.100 millones, o lo que es lo mismo, un 25 por ciento del total de la deuda comercial.

A ello se une que los pazos medios de pago vuelven a repuntar en el último trimestre. Según la encuesta trimestral de la Federación entre septiembre de 2015 y enero de 2016 la morosidad en los Consistorios se habría incrementado un 6 por ciento pasando de 67 a 71 días de mora y las de las Autonomías un 3,1 por ciento, desde los 98 a los 101 días. 

La situación «no creo que sea coyuntural», afirmaba con rotundidad el presidente de Ata, «pasar de 10.600 millones de euros de deuda a 14.700 millones no se hace en el mes de campaña electoral». Lo peor de todo es que las consecuencias se están empezando a notar «volvemos a ver que hay negocios que cierran porque no pueden pagar por culpa de la morosidad».

Triste ‘vuelta atrás’ que también han confirmado desde la PMcM desde donde confirman que «sí, hay constancia de negocios que han cerrado porque ya no aguantaban más».

Régimen sancionador

En este sentido ambas organizaciones coinciden y, casi con las mismas palabras, demandan que «sean quiénes sean quienes gobiernen que tomen medidas con urgencia».

Además del desarrollo del Régimen Sancionador en el que coinciden tanto la PMcM como Ata, desde la Plataforma piden que se extienda a nivel nacional el acuerdo que el pasado 29 de enero se adoptaba por el Ayuntamiento de Barcelona en pleno (con excepción de la CUP) y por el que se daba respaldo a la adopción de «medidas efectivas para excluir de los procesos de contratación las empresas que no legales establecidos», a través de una auditoría ex profeso por el Colegio de Auditorios y Censores de Cuentas de Cataluña.

Por su parte Ata continuará requiriendo que se apliquen sanciones del 20 por ciento a las Administraciones incumplidoras, la apertura de un buzón de denuncias y la designación de un cuerpo de inspección especial en materia de morosidad.