Cerca de un centenar de entidades españolas están adheridas al Código de Buenas Prácticas sobre deudores hipotecarios

Casi 100 entidades españolas están adheridas voluntariamente al “Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual”, que se reguló por primera vez en 2012 y que con la ley de crédito inmobiliario se ha actualizado.

Así lo recoge una resolución del Ministerio de Economía y Empresa publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en la que detalla el listado de las entidades adheridas a fecha de 17 de julio. Entre ellas se encuentran los principales bancos y una serie de cooperativas de crédito.

Se trata de una lista de entidades adheridas al citado Código de Buenas Prácticas que se reguló en el real decreto-ley de 2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y que posteriormente se ha ido actualizando en la ley de 2013 para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, el real decreto-ley de 2015 que establecía el mecanismo de segunda oportunidad, el real decreto-ley de 2017 que modificaba el de 2012 y la ley de 2013, y la ley de crédito inmobiliario de este año.

Cabe recordar que con la entrada en vigor de esta última ley el pasado 16 de junio, las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas según las versiones referidas anteriormente, se considerarán adheridas al mismo en la redacción dada en esta ley, salvo que en el plazo de un mes comuniquen mantenerse conforme a redacciones anteriores.

La ley de crédito inmobiliario busca convertir el código de buenas prácticas en un “mecanismo permanente y obligatorio para todas las entidades adheridas que permita a todos los deudores más vulnerables en situación de impago acceder a las opciones de alivio de la deuda contenidas en el mismo”, según detalla el texto.

En el listado recogido figura una sola entidad, Caja Rural de Salamanca, que ha solicitado mantenerse en el ámbito de aplicación de la versión del código establecida en la ley de 2013.