El juicio por el ‘caso PTA’, que investiga las presuntas irregularidades cometidas por el anterior gobierno socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) en la concesión de ayudas a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA) para la compra de suelos en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA), se retoma este lunes con la declaración de los testigos, estando citada la actual alcaldesa, María José García-Pelayo (PP).

El juicio arrancaba el pasado martes en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz con seis imputados en el banquillo: la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez; sus exdelegados municipales de Fomento y Medio Rural, Francisco Lebrero y María del Carmen Martínez, respectivamente; un técnico municipal y tres gerentes de TISA.

La previsión es que el juicio se prolongue hasta el próximo día 30 y que presten declaración una treintena de testigos. Entre los citados este lunes, está la actual alcaldesa y el candidato a la Alcaldía del PSA, Santiago Casal, que fue quien interpuso en su día la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

LOS IMPUTADOS

Las tres primeras sesiones estuvieron centradas en la declaración de los seis imputados. Los primeros en hacerlo fueron los responsables de TISA –para quienes la Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión–, los cuales defendieron la legalidad del proceso al que optaron para conseguir una subvención de 244.000 euros y aseguraron que no conocían a la exalcaldesa, a la que dicen que sólo vieron el día que firmaron el contrato de la escritura de compraventa de los terrenos en 2008.

La segunda sesión estuvo reservada para los exdelegados municipales –para quienes también se solicita una pena de cuatro años y medio de cárcel–, los cuales negaron haber recibido instrucciones de Sánchez para favorecer a TISA, a cuyos responsables rechazan que conocieran, asegurando, además, que no se habían reunido con ellos previamente para abordar el tema de la subvención.

La juez y presidenta del tribunal, Lourdes Martín, reprochó a Lebrero y Martínez que se «tirasen la pelota de uno a otro» a la hora de señalar cuál de sus departamentos tenía las competencias para decidir si las empresas cumplían los criterios para instalarse en el PTA y podían beneficiarse de las subvenciones municipales.

EXPEDIENTE «SIN REPAROS»

En la tercera y última sesión del juicio celebrada hasta la fecha declararon la exalcaldesa y un técnico municipal que firmó el informe definitivo para la subvención, el cual fue redactado por su jefe de departamento, que, no obstante, se negó a rubricarlo.

Pilar Sánchez aseguró ante el tribunal que no tenía «en absoluto» conocimiento de los informes de evaluación realizados por técnicos municipales para la concesión de la ayuda a TISA, agregando que se limitó a firmar el expediente que recibió «sin reparo alguno» por parte de sus asesores jurídicos. Asimismo, apunto que «nadie» le hizo llegar nada «ni había datos que indicaran que pudiera haber irregularidades en el proceso».

Igualmente, negó «con rotundidad» que diera instrucciones al técnico municipal que era director del Departamento de Desarrollo Rural para que «maquillara» el informe definitivo –que luego se negó a firmar– para favorecer a TISA otorgándole la puntuación máxima para la ayuda.

Cabe señalar que la Fiscalía y las acusaciones particulares, que ejercen la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento de Jerez, solicitan para la exalcaldesa siete años de cárcel y 16 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El último imputado en declarar ha sido el capataz agrícola que trabajó durante ocho años en el Ayuntamiento y que, después de que su superior se negara a rubricarlo, firmó el informe de valoración para la concesión de la ayuda a TISA.

En su comparecencia, aseguró que «en la vida» ha emitido ningún informe técnico y que rubricó dicho documento después de que la entonces delegada municipal de Medio Rural, Carmen Martínez, le mandara a llamar a través de su secretaria y le pidiera que lo firmara «porque no localizaban al técnico que lo redactó por ningún lado».

Según explicaba en sede judicial, «confió» en Martínez porque le dijo que «estaba todo bien», y lo firmó «en diez minutos tras mirarlo por encima» y «en un momento tonto porque pensé que no me iba a perjudicar», puesto que no le advirtieron de que su jefe «no quería firmarlo». Asimismo, el procesado ha negado que Pilar Sánchez le «ordenara» firmar dicho documento «ni ningún papel».

EUROPA PRESS