A Cristóbal Montoro tampoco le han cuadrado las cuentas de 2015 y el agujero se hace cada vez más negro y profundo. Tras cuatro años incumpliendo, a Europa se le acaba la paciencia y, como en el cuento, el lobo de los ajustes y las multas podría darse un festín en España el próximo mes de junio

Al Gobierno le crece la nariz y a España el déficit y la deuda. Por tercer año consecutivo el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, acudió la semana pasada a Bruselas a pedir clemencia con nuevo cuadro macro y plan de ajuste bajo el brazo.

Y es que pese a su encierro de varias semanas, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, no consiguió cuadrar las cuentas del Estado y 2015 cerró con un déficit del -5% y una deuda pública del 99,2%, ocho y tres décimas más respectivamente que lo pactado con Bruselas el año pasado por estas fechas (-4,2% y 98,9%).

Cifras que han obligado al Ejecutivo a inyectarse una dosis de realismo. La revisión limita el crecimiento de la economía española (PIB) dos décimas este año, -del 2,9% al 2,7%, y seis el próximo, del 3,0% al 2,4%-. Un frenazo cuya primera víctima será el mercado de trabajo. El ritmo de creación de empleo caerá medio punto, según consta en el documento que se entregará en Bruselas.

El aumento de nuevas contrataciones será finalmente del 2,5%, es decir, cinco décimas inferior a las que se recogen en el anterior cuadro (3%). Caída que continuará en 2017, ejercicio en el que la revisión es de siete décimas y desciende del 2,9% al 2,2%. Así las cosas, todo apunta a la tesis de que la reducción de la tasa de paro, que también se desacelera en los dos ejercicios 19,9% (19,8% prevista) y 17,9% (17,7% prevista), se debe al abandono de muchos desempleados de las listas del INEM, bien porque se les acaba la prestación bien porque deciden hacer las maletas y buscar el sustento allende nuestras fronteras. Datos que, de cara a la opinión pública, De Guindos quiso enmascarar durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado 19 de abril, con el sonoro absoluto de los 900.000 nuevos empleos que se crearán en España entre 2016 y 2017.

Se avecinan por tanto peores tiempos para las cuentas de la Seguridad Social, única administración en la que se incrementó el déficit con respecto al pasado ejercicio, pasando del -1,04% al -1,26% y desviándose -0,66 décimas de los objetivos. Y es que desde Hacienda se calculaba que la recuperación del empleo aportaría a las arcas 4.700 millones de euros. Finalmente se ha recaudado menos de la mitad, unos 2.270 millones de euros. Es decir, los ingresos por cotizaciones sociales han aumentado un 1,75% frente al 3,6% previsto, lo que pone de manifiesto la precariedad de las nuevas contrataciones en un mercado de trabajo marcado por la dualidad.

Salir este año del estado agónico con el que han cerrado las cuentas de la Seguridad Social es ciencia ficción. Según la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), para que el subsistema que se encuentra bajo la batuta de Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, cumpla con el objetivo del -0,3 % de déficit pactado para este año, las cotizaciones sociales deberían crecer “por encima del 15 %”.

Algo que ni en las mejores películas de Spielberg. La máxima Autoridad Fiscal cuestiona, incluso, que se alcancen los 117.242,58 millones previstos en los PGE. Las expectativas son de que las entradas netas crezcan en torno al 3 % -la mitad del 6,75 % presupuestado- “como mucho alcanzarán los 110.000 euros”, engordando el agujero del sistema en más de -7.000 millones. Tónica que va para bastante largo “hasta 2020 el déficit no bajará del -1 %”, apuntan.

Chivos expiatorios

La revisión de cuatro décimas al alza de los objetivos de déficit, del -0,3% al -0,7%, no convence a las comunidades autónomas que se han levantado en armas y están heridas de susceptibilidades. En primer lugar por el ataque frontal de Montoro que utilizándolas como chivo expiatorio las acusó de ser responsables del desaguisado en las cuentas estatales. “Alguien no ha hecho lo que tenía que hacer, y ese alguien no ha sido el Estado”, sentenció al presentar los datos del cierre del ejercicio. Sin embargo, y pese a la desviación de nueve décimas, lo cierto es que las CCAA lograron rebajar su déficit del -1,75% al -1,66%, y, yéndonos hasta 2011, año en el que el conjunto de las autonomías registraron un -3,35%, la reducción es de 1,69 puntos.

En segundo lugar porque con excepción de Galicia, Canarias y País Vasco todas han recibido la misiva de Hacienda en las que se las conmina a presentar un plan de ajuste (adicional al PEF – Plan Económico Financiero) y a formalizar un “acuerdo de no disponibilidad”. Esto quiere decir que las 14 autonomías restantes deberán decidir a qué partidas no podrán meter toda la mano que quisieran, limitando así el gasto y ajustándolo al 1,8% del PIB potencial. Con ello y el FLA, siempre según las cuentas del Gobierno, se conseguirían ahorrar en torno a 10.000 millones de euros.

Por su parte y para calmar las aguas hace escasas dos semanas el Gobierno hizo acto de contricción y anunció que no dispondrá de 2.000 millones de euros del gasto presupuestado para los Ministerios, rebajando así dos décimas más de déficit.

Barra libre de gasto

Las cartas de Montoro no han sentado bien a las comunidades que paradó- jicamente y en su mayoría recogen aumentos en las salidas de caja. En el Informe de Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas para 2016, elaborado Hacienda a partir de los datos de cada una de las regiones, se detalla que el gasto en el conjunto de la administración regional será un 1,57% superior al de 2015.

Sólo siete presentan negativos: Aragón (-2,70%), Asturias (-0,12%), Cantabria (-1,40%), Castilla y León (-0,87%), Cataluña (-0,04%) Madrid (-3,46%) y C. Valenciana (-0,27%). Mientras, las ocho restantes, lejos de ajustarse a los criterios de austeridad a los que obliga Bruselas, vuelven a la barra libre de la política expansiva. Andalucía gastará en 2016 un 6,17% más, le siguen Murcia y Galicia con un 5,90% y 5,30% respectivamente. Tras ellas Canarias (5,27%), Islas Baleares (5,09%), Navarra (4,37%), La Rioja (4,05%) y País Vasco (2,77%).

Al análisis llama la atención que todas elevan la partida correspondiente a los ‘Gastos de personal’ con respecto al ejercicio de 2015. Andalucía (4,64%), Aragón (8,79%), Baleares (7,59%), Canarias (1,85%), Cantabria (4,20%), Castilla y León (1,97%), Galicia (4,99%), Madrid (1,84%), Murcia (3,55%), Navarra (6,30%), País Vasco (1,40%), La Rioja (3,97%) Valencia (3,60%).

Diversas fuentes consultadas por Diario Financiero coinciden en que “todo apunta a que se debe a la devolución de la paga extra de 2012 así como al aumento del 1% del salario de los funcionarios” aprobada en los Presupuestos Generales del Estado. Otro cantar son las partidas de ‘Gastos corrientes en bienes y servicios’, es decir, material, arrendamientos, reparaciones, indemnizaciones por razones de servicio, etc… Todas menos Asturias y Baleares recogen aumentos en las cuantías, y algunos bastante importantes en términos relativos. Es el caso de Aragón, que suma un 17,63% con respecto al año pasado. Por porcentaje le siguen Valencia 8,42%, Murcia, 6,94% y Andalucía, 4,20%.

Aumentos que podrían justificarse por la herencia que algunos gobiernos autonómicos han recibido tras las elecciones del mes de junio. Es el caso de la Generalitat Valenciana. Fuentes próximas a la comunidad que preside Ximo Puig, explicaron a Diario Financiero que el aumento se debería a que “nos encontramos presupuestos muy inflados y muchas facturas sin presupuestar”.

Sea como fuere, ésta sería la partida que se sugiere desde Hacienda, para aplicar la no disponibilidad de gasto. A este respecto desde el IEE (Instituto de Estudios Económico) dan un espaldarazo al titular de Hacienda y explican que “la cuestión no está tanto en hacer nuevos recortes sino en saber gestionar el gasto. No queda claro dónde va exactamente el dinero, por tanto no podemos saber si está bien gestionado o no”.

Desde Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) también comparten la necesidad de poner en marcha nuevos ajustes por la vía del gasto. Ángel de la Fuente, director de la Fundación, en un informe presentado a principios de mes detalló que “las partidas de gasto corriente comienzan a repuntar aún tras descontar los atípicos” y recuerda que entre 2003 y 2009 “el gasto creció 30 puntos, habiéndose reducido desde entonces en 20 puntos”. Y añade que “el 81,4% de la desviación del déficit se debería a estos incrementos”.

Sin ajustes no hay FLA

Las comunidades autónomas, por su parte, han respondido que no están dispuestas a recortar el gasto social. Una rebelión que les puede costar muy caro, en concreto los 5.439 milllones de euros de las transferencias del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). “Les llegará cuando estén aprobados los planes de ajuste. El FLA está condicionado y lo saben perfectamente quienes los están cobrando. Es su responsabilidad”, contestaba Montoro a las autonomías tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 16 de abril.

“De no recibirse las transferencias no podremos pagar nuestras facturas”, se lamentaba el Conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler. Afirmación que compartía su colega andaluza, María Jesús Montero, que ponía la voz en grito “aún no ha llegado y está perjudicando al periodo medio de pago”.

Montoro a su vez lanzaba otro órdago “que no se preocupe si no pagan, se lo retiramos y pagamos nosotros directamente”. De hecho ya se habría procedido de este modo Aragón y Extremadura, a las que el pasado día seis de abril, vía carta, firmada por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se comunicaba “el inicio del procedimiento para la retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a proveedores”. Es decir, la intervención.

Amenazas al IVA

Lo bueno de estar en un club es que se tienen las ventajas de ser invitado a fiestas exclusivas, acceder a descuentos o recibir primas, lo malo es que hay que cumplir ciertas normas, de lo contrario o pagas peaje o te echan. España pertenece al club de la Unión Europea y por ello al haberse saltado las normas nos toca agachar la cabeza y acatar ‘recomendaciones’. El pasado seis de abril se presentaba el Semestre europeo que apunta a la necesidad de revisar el impuesto que más toca al consumo, el IVA, equiparándolo al 23% del resto de Europa, así como a unificar los tipos aplicados a los productos básicos (medicamentos, vivienda, etc…). Y es que el informe de 114 páginas vierte en varios puntos severas críticas a España, que en 2013 registró “el mayor déficit por la política en materia de IVA de la UE”.

El mencionado indicador -que mide lo que se dejó de ganar por la aplicación de los tipos superreducidos y reducidos- se elevó al 53,9 % frente al 47,2 % de media de los 28. Además la subida de tres puntos a la que se vio abocado el Gobierno, ahora en funciones, de Mariano Rajoy, no ha tenido el impacto esperado en las arcas del fisco. “En las simulaciones se ha asumido un ajuste de todos los impuestos sin incidencia en la recaudación”, se detalla en el cuadro sobre los efectos ‘macro’ de las reformas, y cifra el aumento del PIB en un 0,2 % en 2020. Incremento en el que además del IVA hay que tener en cuenta la parte proporcional del tratamiento de la vivienda en el IRPF y los impuestos sobre la producción de la electricidad.

Tampoco se quedan cortos en palabras al afear a España “el nivel de imposición indirecta sea uno de los más bajos de la UE”, que, concretamente en 2014 fue del 11,6 % del PIB, siendo el relativo al consumo del 15,2 %. Sea como fuere y advertencias previas realizadas, no será hasta mediados de junio cuando Bruselas de o no aquiescencia al nuevo cuadro macroeconómico de España.

De fallar a favor se presume que contaremos con el políticamente consensuado año de gracia en el pacto de estabilidad. En caso contrario nos espera un endurecimiento de las condiciones y tocará apretarse de nuevo el cinturón y tomar aire. Algo que no parece preocupar mucho al ministro de Guindos que insiste en que lo que más le preocupa “es la credibilidad de España”. Ahora bien, dada la trayectoria ¿confiará de nuevo la UE en la ajada piel de tojo o pasará como en el cuento de Pedro y el lobo?