Así lo pone de manifiesto este organismo en una nota de prensa en la que informa de su memoria anual sobre la situación socioeconómica y laboral de España correspondiente al ejercicio 2018. El CES apunta como desequilibrios la sostenibilidad de la deuda externa, la deuda pública y privada y la situación del mercado laboral, “en un contexto de débil crecimiento de la productividad”.

Considera que todavía no se han superado completamente las secuelas sociales de la crisis, ni se han afrontado “decididamente” retos como el cambio demográfico.

En concreto, el organismo observa que, pese al descenso de la población con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, la renta sigue sin alcanzar los niveles previos a la crisis, lo que según el CES refleja desigualdad en el mercado de trabajo y la “limitada” capacidad de las políticas públicas.

Aunque destaca que el empleo creció en todos los grupos de edad en 2018, apunta un retraso en las tasas de empleo de los jóvenes respecto a las anteriores a la crisis.

También se refiere a la temporalidad, que entre los jóvenes se situó “muy por encima” de los niveles precrisis. Por ello, aboga por nuevos instrumentos para reducir la “elevada” contratación temporal en todas las edades y particularmente entre los menores de 30 años. Del mismo modo, ve conveniente mejorar la colaboración público-privada para impulsar la empleabilidad.

Desde la perspectiva de la cohesión social y la calidad de vida, el CES valora que éstas mejoraron como consecuencia del impulso de la economía y el empleo, pero que todavía existen secuelas sociales de la crisis y las atribuye a la “complejidad del año desde el punto de vista político”.

Al mismo tiempo, considera “deseable que se abandonara la práctica de gobernar mediante legislación de urgencia, sin la posibilidad a los grupos parlamentarios para discutir el contenido de las normas, distorsionando el modelo de separación de poderes”.

En el ámbito educativo, este organismo lamenta el retraso para un consenso que mejore el sistema educativo, la sostenibilidad del sistema de pensiones, los retos del sistema sanitario y atención a la dependencia o el nuevo modelo energético.

Respecto a este último punto, plantea un aumento de los fondos públicos dirigidos a impulsar la transición ecológica, al observar que España es “muy vulnerable” al cambio climático por sus menores recursos, y también la digitalización de la economía. En conjunto, detecta que la inversión pública no está remontando suficientemente con la recuperación y ello supone “renunciar a un instrumento clave del desarrollo a largo plazo”.

En materia de vivienda, el Consejo Económico y Social pide políticas públicas de apoyo a los jóvenes y a personas con escasos recursos, ante la disminución del gasto público, y denuncia los bajos niveles de viviendas de protección oficial iniciadas y terminadas, tanto las destinadas a compra como a alquiler.