Es por ello que el Consejo General de Economistas aporta una serie de propuestas para mejorarlo
El Consejo General de Economistas (CGE) ha presentado este martes en su sede de Madrid una serie de ideas y propuestas que reformarían el sistema de financiación autonómica de régimen común, del que consideran “es muy poco transparente”.
“El sistema de financiación autonómica no lo entiende nadie, por lo que es imposible que exista corresponsabilidad fiscal –aseguraba tajante, Valentín Pich al respecto-. Nadie entiende que pagamos ni a quien, lo que alimenta debates con demagogia y desconcierto”.
Fondos de redistribución
La clave del caos se sitúa en la existencia del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) y el Fondo de Suficiencia Global (FSG). Estos, igualan los recursos de las diferentes regiones, repartiendo el 75% de los ingresos que las regiones españolas han obtenido.
Es decir, cada zona de España tiene que aportar el 75% de sus ingresos tributarios para mandarlos a este fondo, que más tarde los distribuye a lo largo y ancho del país y donde se nivela la financiación, acercando a las comunidades con mayor capacidad fiscal al resto.
Sin embargo, según se explica en el informe, el proceso no termina en este punto, ya que este dispone de otros fondos a distribuir entre estas. El resultado es que al añadir los recursos procedentes del FSG y del FCV, la dispersión entre regiones experimenta un fuerte incremento y las diferencias no se corresponden con las necesidades de gasto ni a las diferencias de capacidad fiscal. Es aquí donde “se rompe el principio de ordinalidad”.
La primera es la undécima
Según se desprende de los datos que ha ofrecido el propio Colegio de Economistas, la comunidad autónoma con mayor capacidad fiscal es Madrid, seguido por Cataluña y Baleares. En cuarto lugar aparecería Cantabria.
En el caso de la primera, su índice por ingresos tributarios sobre 100 tiene un resultado de 135,57 puntos, por lo que ocuparía el lugar más alto en esta suerte de podio. Sin embargo, después de todo este proceso, su financiación normativa homogénea es de 95,27 puntos y caería hasta la undécima posición de una lista que lidera Cantabria, cuyos ingresos tributarios sin este reparto caerían hasta la cuarta plaza.
Viola el principio de ordinalidad
“El sistema actual ha violado el sistema de ordinalidad”, comentaba en este sentido Esteban I. Gómez, que continuaba asegurando que “deberíamos dirigirnos hacia un sistema de transparencia para que las comunidades con menos recursos los reciban, pero con un límite”.
Este caos generado se convierte en principal argumento que esgrimen desde CGE para pedir una reforma que los expertos consideran debería rebajar el porcentaje de la aportación tributaria al FGSPF, para cumplir mejor con el principio de corresponsabilidad fiscal.
Por otro lado, se podría plantear la eliminación de los fondos restantes y con su importe nutrir el FGSPF. Mientras tanto, simplificar el sistema de nivelación, respetar el principio de ordinalidad o que exista una regulación positiva del principio de lealtad institucional –punto que el sistema actual no favorece- serían claves para este cambio.
La colaboración entre la Agencia Tributara española y las autonómicas debería incrementarse y favorecer la interacción, además de profundizar en la independencia de la primera respecto al poder ejecutivo.
El FLA para negociar
Ante la dificultad que podría suponer para un Gobierno afrontar esta colosal empresa, los expertos que han acudido al evento creen que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) podría ser utilizado como herramienta de cambio
Juan José Rubio, secretario técnico del REAF-REGAF, opinaba al respecto que “el Gobierno tendrá un elemento fundamental para negociar: el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)”. En este sentido apuntaba que “la liquidación del FLA puede suponer un incentivo a la aceptación de una reforma del sistema de financiación”.
