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El Consejo de Ministros aprobará hoy el impuesto a las transacciones financieras y la tasa ‘Google’

El Consejo de Ministros de este viernes aprobará los impuestos a las transacciones financieras y a las grandes empresas digitales, dos tributos de nuevo cuño que, al contrario de los ya existentes, requieren ser instaurados de forma independiente a los Presupuestos Generales del Estado, además de una directiva de lucha contra el fraude.

Así lo anunció ayer desde Bruselas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien indicó que en el Consejo de Ministros de este viernes se aprobarán “sendos reales decretos leyes” con las iniciativas fiscales necesarias para obtener esos ingresos públicos que “nos permitan lograr esa cohesión social y cumplir con los objetivos de déficit público y de deuda pública”.

“Este es el planteamiento”, dijo, “y vamos a cumplir los objetivos de déficit y deuda y el compromiso de redistribuir ese crecimiento económico”. Fuentes gubernamentales concretaron a Servimedia que se trata de anteproyectos de ley, y no de decretos.

Estos dos anteproyectos desarrollarán los dos tributos de nuevo cuño que el Gobierno quiere instaurar en 2019 y que figuran en su acuerdo presupuestario con Unidos Podemos. Se trata del impuesto a las transacciones financieras y el de las grandes empresas digitales, dos tributos sobre los que los países miembro de la UE llevan tiempo negociando y que, a falta de alcanzar un acuerdo definitivo a nivel comunitario, ya han sido puestos en marcha en algunos países por su cuenta. De hecho, el anterior Gobierno del Partido Popular, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, ya tenía en su agenda crear estas dos nuevas figuras impositivas.

TRANSACCIONES FINANCIERAS

En el caso del impuesto a las transacciones financieras, la intención, según figura en el documento acordado por el Ejecutivo y su principal socio parlamentario, es gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

El Plan Presupuestario remitido el pasado lunes por el Gobierno a la Comisión Europea prevé una recaudación de 850 millones de euros con este impuesto que, según figura en el acuerdo con Podemos y ha sido explicado en las últimas semanas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, irá destinada íntegramente a financiar a la Seguridad Social.

Según dicho documento, “solamente se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros”, mientras que “no se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas”. Además, quedan fuera de este impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los productos derivados.

GRANDES DIGITALES

Por otro lado, el nuevo impuesto a las grandes empresas tecnológicas, conocido como ‘tasa Google’, gravará con un tipo del 3% a las empresas con ingresos anuales de 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan ingresos superiores a 3 millones de euros en España.

Los servicios a los que se aplicará este impuesto serán los de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

En cuanto a este tributo, la estimación de recaudación detallada en el Plan Presupuestario prevé unos ingresos de 1.200 millones de euros.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Además, según indicaron a Servimedia fuentes gubernamentales, el Consejo de Ministros también aprobará la transposición de la Directiva Antielusión ATA, que contempla el establecimiento de una norma general anti-abuso, un nuevo régimen de transparencia fiscal internacional, el tratamiento de las denominadas asimetrías híbridas, la limitación de la deducibilidad de intereses y la regulación de la llamada imposición de salida.

En materia de lucha contra el fraude, el acuerdo con Unidos Podemos también establece medidas como la prohibición de amnistías fiscales; reforzar la lista de morosos de la Agencia Tributaria, incluyendo en la lista a los responsables solidarios y reduciendo el importe de deuda para ser incluido en ella a 600.000 euros; la limitación a 1.000 euros en el uso de efectivo en los pagos que empresarios y profesionales realicen en el seno de su actividad, sin afectar a los pagos entre particulares; y reforzar la normativa tributaria “para ser más exigentes con los demás países y asegurar que todos aquellos que no mantienen unos estándares fiscales mínimos pasen a formar parte de la lista española de paraísos fiscales”.