El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que el Gobierno trabaja en una reforma de la ley para que los cargos públicos tengan que dejar sus puestos cuando se les abra juicio.

«Vamos a trabajar en la idea de que los cargos públicos tengan que abandonar sus responsabilidades cuando se formule, en su caso, una acusación, no una imputación. Es decir, cuando se abra juicio oral», afirma el ministro en una entrevista que publica el diario ‘La Razón’.

No obstante, el ministro no se muestra partidario de la dimisión de un político en cuanto sea imputado por un caso judicial. «La condición de imputado no está suponiendo ninguna acusación expresa, y hasta que no se produzca ésta no es razonable exigir el abandono de las responsabilidades políticas», indica.

«Estamos llevando demasiado lejos la presunción, en este caso inconstitucional, de culpabilidad, cuando se le pide a un imputado la renuncia de su cargo», indica en la entrevista, recogida por la agencia Servimedia.

Para el ministro, la figura del imputado, «que no significa otra cosa que comparecer ante un juez asistido de letrado para esclarecer determinadas acusaciones, ahora se ha convertido en la imagen social en una especie de preculpable o culpable presunto». «Pero que no tiene en ese momento presunción de culpabilidad, en absoluto», matiza.

Por ello, recuerda que incluso con la Real Academia Española (RAE) están trabajando para encontrar una denominación distinta dentro de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El ministro avanza que «antes de Navidad» estarán algunos de los proyectos de reforma contra la corrupción que impulsará el Gobierno. Entre ellas, «vamos a proponer una ley que establezca el Estatuto del Alto Cargo en la Administración del Estado, para que se tenga que acreditar la máxima profesionalidad y transparencia de las normas éticas de cualquier persona que asuma responsabilidades en la gestión de los asuntos públicos».

CATALUÑA

Sobre la consulta del 9-N en Cataluña, dice que «no tiene ningún efecto, ni ninguna consecuencia», porque el proceso «tanto de referéndum como de consulta está suspendido por el Tribunal Constitucional». Se trata de un acto «profundamente antidemocrático», agrega.

Ante la reflexión de los convocantes de que fue un éxito, Catalá indica que «después de todo el esfuerzo y todo el proceso, el resultado final es que dos de cada tres catalanes no participaron en ese proceso, calificarlo como éxito a mí me resulta sorprendente».

Para el ministro de Justicia, el 9-N «no hubo ningún referéndum por la independencia ni ninguna consulta vinculante. Lo que hubo fue un proceso gestionado por la Generalitat de Cataluña y que nosotros consideramos que también incumple el mandato de suspensión de actividades que el Tribunal Constitucional estableció».

Asegura que «en absoluto» ha habido presiones desde el Ministerio ni desde el Gobierno a la Fiscalía para que interponga denuncia contra los dirigentes catalanes que organizaron la consulta. «La Fiscalía está realizando su trabajo de forma independiente. Lo que todavía nadie se pregunta es si no estará habiendo presiones por parte de otros a la Fiscalía Superior de Cataluña», apostilla.

Ante una posible reforma de la Carta Magna, Catalá señala que «primero habrá que abrir un debate sobre los asuntos que merecería la pena reformar, porque hasta ahora no hemos identificado cuáles deberían de ser esos contenidos». «Si alguien quiere reformar ese modelo, deberá plantearlo con carácter general, no para una comunidad en particular», afirma.

SERVIMEDIA