El Gobierno en funciones tendrá que cumplir con la obligación de enviar a la Comisión Europea el Plan Presupuestario de 2020 a pesar de que la situación de bloqueo político mantiene a España con los Presupuestos de 2018 en vigor, aprobados por el PP, y con la incógnita de qué signo político tendrá el Ejecutivo resultante de las elecciones generales del 10 de noviembre.
Según indicaron fuentes del Ministerio de Hacienda a Servimedia, el documento, que debe ser remitido a Bruselas como tarde el 15 de octubre, contendrá las mismas líneas maestras que el proyecto de Presupuestos de 2019 que elaboró el Gobierno de Pedro Sánchez pero que no entró en vigor al ser rechazado en febrero por la mayoría del Congreso de los Diputados.
Además, las mismas fuentes ministeriales indicaron que en el Plan Presupuestario el Ejecutivo en funciones explicará las circunstancias especiales del país, condicionado por el escenario político, que impide al Gobierno actual tomar medidas económicas de calado.
El principal escollo para que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda ejecutar sus propuestas, al margen de estar en funciones o no, es la diferencia entre la senda de estabilidad oficial vigente, la que dejó aprobada el anterior Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy, y la que maneja el gabinete socialista desde que llegó a La Moncloa, con unos objetivos de déficit y de deuda más flexibles.
En concreto, mientras que la senda de déficit del PP fijaba un objetivo del 1,3% para 2019 y del 0,5% para 2020, la que intentó aprobar el actual Gobierno, pero que fue rechazada por el Senado, proponía un 1,8% para este año y un 1,1% para el próximo.
Aunque desde Hacienda matizaron que el documento todavía no ha sido elaborado y, por tanto, no es posible asegurar qué medidas serán incluidas en el mismo, previsiblemente mantendrá algunas de las principales propuestas defendidas por el Gobierno de Pedro Sánchez, como la revalorización de las pensiones con el IPC o la subida del SMI, así como medidas de ingresos como la aprobación de la tasa Google, la tasa Tobin, el incremento del IRPF a las rentas más altas o establecer un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades.
