El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se llevarán a cabo actuaciones y medidas con el objetivo de renovar el parque automovilístico.

Con un coste de 2,1 millones de euros que se financiarán a cargo del presupuesto del organismo autónomo de Jefatura Central de Tráfico, la medida comprende desde modificaciones normativas a actuaciones organizativas o de gestión.

Entre las medidas que se realizarán cabe destacar dar mayor seguridad y garantías en la adquisición de vehículos de segunda mano e informar sobre las responsabilidades que tienen los titulares de vehículos cuya antigüedad supere los 10 años. Eliminar la burocracia asociada a la tramitación administrativa del automóvil facilitando la comunicación telemática de cualquier dato técnico o administrativo por parte del titular del vehículo, por el fabricante o la persona que vaya a ser registrada por la Dirección General de Tráfico. Con esto, lo que se pretende es evitar intermediarios que faciliten la pérdida de tiempo y cometer errores.

Se controlará el cumplimiento de las inspecciones periódicas del vehículo y la obligación de tener en regla el seguro obligatorio de responsabilidad. Además, se aprueba un nuevo Reglamento General de Vehículos que incorporará la normativa comunitaria en cuanto a los documentos de matriculación e inspección técnica en carretera de vehículos comerciales.

Por otro lado, se consensuará con la Fiscalía un protocolo para perseguir conjuntamente aquellas actividades industriales que pongan en riesgo la seguridad vial y se reforzará su persecución. Entre otras cosas se vigilará la manipulación den cuentakilómetros, la venta ilegal en la vía pública y la reparación ilegal de vehículos.

Finalmente, se definirán los servicios de aviso de presencia de usuarios vulnerables, tales como peatones o ciclistas, vehículos averiados o a velocidad anormalmente reducida, incidencias, etc. con el objetivo de anticipar al conductor posibles situaciones de riesgo en su recorrido.