El incremento se repartirá entre el Estado y las Comunidades Autónomas
No ha quedado más remedio y ha habido que agachar la cabeza. Las 0,8 décimas de lastre con las que cerraron las cuentas del Estado el pasado año se marcan a fuego la revisión del cuadro macroeconómico que antes del día 30 se presentará en Bruselas.
Tras haber terminado el ejercicio con un déficit del 5% -frente al 4,2% pactado en el Plan de Estabilidad Presupuestaria. el Gobierno ha revisado al alza los objetivos de déficit del -2,8% hasta el -3,6%. Aumento que según ha confirmado el ministro de Economía y Competitividad en funciones Luis de Guindos, minutos antes de comparecer en el Congreso de los Diputados, se repartirá entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas, dejando fuera a la Seguridad Social y a la entidades locales.
Lejos de mencionar el efecto arrastre, De Guindos achacaba este incremento a la ralentización de la economía a nivel mundial que afectará, de facto, al crecimiento de España. Previsiones “realistas que se basan en hipótesis conservadoras”, explicaba. Así “la desaceleración de China, la caída de los precios de las materias primas, la intensificación de la volatilidad de los mercados financieros, los tipos de interés ultrarreducidos y el elevado nivel de deuda global” serían los cinco supuestos que han condicionado la revisión de las previsiones para España para este y el siguiente ejercicio.
A ello se suma el crecimiento “bastante débil” de la zona euro que vive de unos vientos de cola cada vez más débiles a los que “se añaden riesgos importantes que obligan a que se tenga que seguir trabajando” y a que “se haga un mayor uso de la política fiscal en los países que tengan menos margen”.
Pese a las amenazas externas y a la «ligera desaceleración» de la economía española, desde el Gobierno se agarran a las tablas de los dos últimos ejercicios y a las previsiones de los organismos internacionales que coinciden en que «el comportamiento diferencial favorable respecto a nuestros socios se acentúa».
Precisamente serán los números de años anteriores los argumentos del programa de estabilidad que se pondrá encima de la mesa del Comisario Europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, antes del día 30 de este mes para negociar la tan demandada «flexibilización» que permita llevar a efecto el compromiso con la estabilidad presupuestaria.
Realidad, aventurada por la Comisión Europea allá por el mes de octubre, negada en múltiples ocasiones por el Ejecutivo, y que finalmente ha obligado al ministro de Economía, Luis de Guindos, a negociar «por tercera vez consecutiva» una prórroga de un año para alcanzar la estabilidad presupuestaria pero «desde una situación de partida que no tiene nada que ver con la de hace cuatro años». En este sentido De Guindos espera obtener clemencia «Bruselas es comprensible», afirmaba.
Así este año el ajuste que se deberá realizar en las cuentas será de 1,4 puntos en 2016, pasando del 5% al 3,6%, a los que se restará otras 0,8 décimas en 2017, año el el que el déficit debería cerrar en un -2,9%. Algo en lo que se confía plenamente desde el Gobierno «si conseguimos estabilidad política y se consigue una agenda correcta de política económica», insistía el ministro de Economía y Competitividad en funciones.
Respecto a la deuda pública ésta también experimenta un incremento respecto a las previsiones del año precedente. Así este año será del 99,1% reduciéndose en 2017 en tan sólo una décima, hasta el 99%, frente al 98,5% y al 96,5%.
