La medida supondrá una reducción de dos décimas en el déficit público

Tacita a tacita y décima a décima. Así espera el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, ir ajustando a la baja el déficit público. Esta mañana el Gobierno en funciones daba un golpe de efecto y aprobaba un acuerdo de no disponibilidad de créditos por importe de 2000 millones de euros, ya presupuestados, durante el presente ejercicio, con los que se conseguirá reducir dos décimas el agujero del 5% con el que han partido este año las cuentas del Estado.

Esto significa, en palabras del propio Montoro, que «debemos dejar de gastar» puesto que «hemos incumplido la regla de gasto».  Los ajustes en las cuentas no afectarán al gasto social ni a las partidas vinculadas a la seguridad, es decir, «ni las transferencias a la Seguridad Social, ni las becas, ni las partidas de Adif para el mantenimiento de la red de ferrocarriles, se van a tocar».

En este sentido los ajustes se realizarán directamente en los Ministerios y «en todas aquellas partidas que afecten directamente al cumplimiento de los objetivos de déficit», ha explicado.

Predicar con el ejemplo

Así desde el Gobierno en funciones se ha querido predicar con el ejemplo pocas horas antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que Cristóbal Montoro y los consejeros de Hacienda de las 17 comunidades autónomas debaten acerca de la viabilidad de las medidas que deberán poner en marcha de cara a cumplir con el pacto de estabilidad.

Recordemos que el pasado día seis de abril el titular de Hacienda en funciones enviaba una carta a las comunidades autónomas incumplidoras en la que se requería elaborasen un plan de ajuste que recogiese las medidas a adoptar para limitar las partidas presupuestarias de salida al 1,8% del techo de gasto. Algo que levantó pólvora en la mayoría de los entes regionales. Entre ellas el feudo popular de Castilla León.

La reunión por tanto no estará exenta de polémica ya que las autonomías no están dispuestas a ceder ni un ápice en lo que respecta a ajustar el gasto en los servicios sociales básicos (sanidad, educación y servicios sociales). En este sentido, desde las regiones se pedirá una flexibilización en los plazos pactados para alcanzar el equilibrio presupuestario, en la línea de la que el Gobierno pretende negociar con Bruselas, es decir, un año más. Otra de las cuestiones que se plantearán será la de volver al sistema de déficit asimétrico así como la posibilidad de que se condone la deuda acumulada por infrafinanciación.