En cinco años generará cerca de 335.000 empleos y supondrá un incremento del PIB de más de 36.740 millones de euros
Corría el mes de junio de 2013 cuando durante la Cumbre del G-8, el Presidente de los E.E.U.U, Barack Obama, sus homólogos de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el Primer Ministro del Reino Unido, David Cameron, anunciaban su voluntad de simplificar el acceso de las empresas europeas y estadounidenses a un mercado de más de 800 millones de habitantes. Un mes mas tarde, se celebraba en Washington la primera reunión de lo que, en breve, será la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés).
Desde entonces se han producido diez rondas de negociaciones no exentas de polémica por el «oscurantismo» y las «presiones de algunos lobbies empresariales» que denuncian algunas asociaciones y grupos antisistema. Sin embargo y según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) sobre el Impacto en la economía española de la firma de la Asociación Trasatlántica sobre Comercio e Inversión (TTIP) con EEUU junto con la Cámara de Comercio de España que se presentaba el pasado jueves en la sede de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), el TTIP generará durante sus cinco primeros años de recorrido un total de 334.836 nuevos empleos, ayudando a subir los salarios un 0,72 por ciento anual y adicional a la pactada por convenios. Esto quiere decir que si tomamos como referencia los incrementos medios de los dos últimos años del 0,6 por ciento así como el 0,7 por ciento previsto para este año, se duplicaría la subida prevista en la nómina de los trabajadores españoles.
Esta mejora del empleo sería consecuencia del avance que se produciría en la economía española que sumaría 36.743,3 millones de euros al PIB (Producto Interior Bruto), lo que en términos porcentuales se traduce en un crecimiento del 0,74 por ciento anual.
A la vista de estos datos y urgiendo a las negociaciones el secretario de Estado de Comercio, Jaime García – Legaz, explicaba que «si Eruopa no firma el TTIP se verá perjuidicada frente a los países del Pacífico» y ha aprovechado para pedir una explicación a los opositores al TTIP ya que «se están oponiendo a la creación de casi 400.000 nuevos empleos».
Quien también se refirió a la importancia de competir con urgencia con los países asiáticos en el mercado – estadounidense, más aún tras la firma del acuerdo transpacífico de comercio fue José Manuel González Páramo, consejero ejecutivo de BBVA quien insistió entre otros beneficios, el Tratado «evitará que nos alejemos de los valores occidentales en las relaciones comerciales».
Más consumo, más exportaciones y menos aranceles
Abrir las puertas al mercado estadounidense supondría una reducción de las barreras no arancelarias, de los aranceles en sí y de las trabas con las que se encuentra la inversión extranjera bilateral entre las dos regiones protagonistas del acuerdo. Pero además contribuiría a mejorar las limitaciones comerciales y de inversión dentro de la Unión Europea.
Todo ello impactaría tanto en el consumo privado del mercado español así como en el sector exterior. Según revela el informe en el primero de los casos se experimentaría un crecimiento del 0,98 por ciento anual, mientras que las exportaciones sumarían un 1,6 por ciento y las importaciones el 1,52 por ciento. Mejoras que, por contra, no derivarían en una subida de los precios, que se contraerían dos décimas al año.
Maria Concepción Latorre, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y directora del Estudio, incidía a su vez en la ganancia de competitividad de las empresas por el impacto positivo de la inversión extranjera (IED), tanto a nivel global como entre los 28 países de la Unión, y que se convertiría en un «vehículo para mejorar las técnicas y acceder a intermedios de mayor calidad».
Un mercado de 21.000 millones de euros
Estados Unidos es «un socio comercial de primera magnitud», enfatizaba García – Legaz. En el caso de España las relaciones comerciales con el país que preside Barak Obama ascienden a 21.000 millones de euros anuales, de los que más de 10.000 millones corresponden a exportaciones y casi 10.000 a importaciones. La supresión de barreras que resultaría una vez firmado el TTIP implicaría «un salto en la relación comercial bilateral».
Además contribuiría a que se mantuviese el superávit en la balanza comercial a futuro. Las exportaciones hacia Estados Unidos se acrecentarían hasta un 32 por ciento. Dos puntos por encima del impacto del 30 por ciento que tendría este acuerdo sobre las importaciones.
De entre los distintos segmentos de empresas, las pequeñas y medianas empresas tanto españolas como europeas y estadounidenses serían las más beneficiadas, así lo ha explicado Alfredo Bonet, director internacional de la Cámara de Comercio de España que destacó que pese a la «falta de información importante sobre el TTIP, el impacto esperado es positivo y será mayor para las pymes». Afirmación que era compartida por Krishna R. Urs, ministro consejero de la Embajada de EEUU «el mayor impacto del TTIP será reducir costes por eficiencia, lo que beneficia mayormente a las pymes».
Conflicto y arbitraje
El límite temporal para que el acuerdo vea la luz está previsto en verano de este año. Fecha que no es descabellada si atendemos a las intenciones del Presidente de Estados Unidos, Barak Obama, cuyo objetivo que el acuerdo esté listo antes de finalizar su último mandato en el otoño del próximo año.
No obstante aún quedan puntos por resolver y serán los que centren la undécima ronda de negociación que tendrá lugar la próxima semana, entre los días 19 y 23 de octubre. Entre ellos el Mecanismo de Resolución de Controversias entre Inversor y Estado (ISDS por sus siglas en inglés), por el que se permite que una empresa extranjera pueda demandar a los Estados europeos o americanos en caso de que se aprueben leyes que vayan en contra de sus beneficios potenciales. Además sería un árbitro y no un juez quien decidiese la resolución de la demanda.
El ISDS, además de limitar la capacidad de legislar de los Estados, tendría un impacto muy negativo sobre las cuentas públicas, ya que además del exceso de gasto de que supondría la lista de árbitros del Estado habría que destinar una partida específica orientada a sufragar los costes de posibles demandas. Como ejemplo la compañía demanda de 2.000 millones de dólares que Philip Morris interpuso al Gobierno de Uruguay por su campaña anti-tabaco.
En este sentido la Comisión Europea aunque no se niega a su implementación en el tratado si ha propuesto varias reformas que han sido atendidas sólo parcialmente por la administración Obama. No obstante y a pesar de estos tira y afloja Jochen Müller, consejero político de la Unión Europea en Madrid contestó con un contundente «no» a la pregunta de si se rebajarán los estándares sanitarios y de calidad establecidos en los países de la Unión Europea.
