Nacional

El PP aprueba la reforma del sector público, que suprime el Instituto de la Mujer

La Comisión de Hacienda y Administración Pública del Congreso de los Diputados aprobó este martes con competencia legislativa plena el proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, gracias a la mayoría absoluta del PP (23 votos), que hizo inútil la oposición del resto de grupos (20 votos).

El proyecto de ley, que lleva a la legislación las recomendaciones del Informe de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA), incluye la supresión de organismos públicos de diversos ministerios y procedimientos administrativos que el Gobierno ha considerado superfluos o duplicados, de los cuales los más llamativos son el Consejo de la Juventud y el Instituto de la Mujer.

También elimina diversos observatorios sobre la salud, el tabaquismo y el cambio climático para dar sus competencias a un nuevo y único Observatorio de la Salud y otro Consejo Español sobre Drogodependencias y otras Adicciones.En el ámbito de relación con las comunidades autónomas, convierte al BOE en el tablón de anuncios único para todas las administraciones, centraliza en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación la evaluación y homologación de titulaciones universitarias, otorga al estatal las atribuciones de todos los observatorios sobre el empleo y atribuye al Tribunal de Cuentas labores fiscalizadoras en las comunidades autónomas que no cuentan con órganos equivalentes.

Entre los grupos parlamentarios, PSOE, CiU, PNV y BNG criticaron las medidas que entienden que conculcan el Estado autonómico, UPyD que éstas se queden demasiado cortas y se centren en la Administración General del Estado y no toquen las autonómicas, en tanto que los socialistas e IU lamentaron el menoscabo que el proyecto de ley supone para el sector y el empleo público.

Desde el PSOE, Meritxell Batet criticó el “ataque directo a la participación de los ciudadanos” que a su juicio suponen la supresión del Consejo de la Juventud y el Instituto de la Mujer, lo que en su opinión demuestra el componente ideológico y no de mera mejora de la eficiencia del proyecto, y la “falta de interiorización del Estado autonómico” que esconde, hasta llegar a lo “inconstitucional”.

Como puntos concretos, se refirió al del BOE, la licencia única deportiva a nivel estatal, la supresión de los consorcios y las referencias a la Ley de Carrera Militar cuando ya hay en marcha una subcomisión abierta en el Congreso para estudiar su reforma. Además, desde el punto de vista formal, este “batiburrillo” de medidas referidas a ámbitos distintos le parece “un menosprecio al parlamentarismo”.

IU coincidió con el PSOE en que la reforma elimina “organismos incómodos para el Gobierno”, como el Instituto de la Mujer y el Consejo de la Juventud, y en que además reducirá el sector y el empleo públicos. Además, reclamó que la perspectiva de género se atribuya al Ministerio de Presidencia para garantizr que tenga un carácter transversal.

UPyD se quejó de que el PP haya negociado más con los grupos nacionalistas que con ellos, algo que a su juicio demuestra que los populares no quieren un cambio profundo y eficiente del sector público, que esta ley, denuncian, ha dejado en “cosmético” y limitado a los órganos estatales, sin tocar a los autonómicos. Enumeró una larga serie de órganos de las comunidades, por ejemplo de previsión meteorológica, que suplican funciones que ya hacen los del Estado.

Por el contrario, los nacionalistas catalanes, por boca del diputado Antoni Picó, reprocharon a la ley que obligue a comunidades y ayuntamientos al recorte que a su juicio debe aplicarse el Estado y criticaron, por ejemplo, la “intromisión” de la Aneca en competencias universitarias de la Generalitat.

También denostaron que el BOE vaya a aglutinar los anuncios oficiales y que se reforme el tema de las licencias deportivas, que nunca había dado problemas, obligando por ejemplo al deporte base catalán, que en un 80% compite sólo en Cataluña, a compensar a las correspondientes federaciones estatales si las autonómicas otorgan licencias por su cuenta.

Fuente: Servimedia