Las cuentas de los socialistas apuestan por recaudar 25.000 millones de euros a golpe de impuestos y lucha contra el fraude  

Mucha letra y poco número. Y de escaso, queda injustificado. Es la sensación que a priori despierta la «Economía 4.0» del Partido Socialista (PSOE), que presentaban esta tarde en Madrid su secretario general, Pedro Sánchez y el responsable económico de la formación, Jordi Sevilla.

El «cambio seguro» por el que apuestan los socialistas pasa por aplazar hasta 2019 el cumplimiento del equilibrio presupuestario (déficit cero) exigido por Bruselas, siendo éste del 1 por ciento frente al que se recoge en el cuadro macroeconómico del Gobierno de Rajoy que fija los objetivos en un -0,3 por ciento (7 décimas menos) y en 2018, es decir, un año antes. Algo que paradójicamente choca con las críticas que los socialistas vierten sobre la política fiscal del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y que además es contrario con «el esfuerzo de consolidación» al que ha apuntado Sánchez y que consistirá en hacer un reparto más eficiente de los ingresos fiscales.

«No vamos a subir los impuestos a las clases medias, pero sí los vamos a repartir de forma distinta», afirmaba. Para ello los socialistas reformarán, de primeras, la Constitución. «Vamos a cambiar la manera en la que contribuímos y evitar que pague más quien tiene menos» explicaba Sevilla, «en España se paga en función de la capacidad de pago, por ello vamos a cambiar la Constitución para que se amplíe ese apartado». Una idea en la que pocos minutos después reiteraba Pedro Sánchez «proponemos una reforma que exija más a los que más tienen».

En materia de recaudación la cifra que más ha llamado la atención ha sido la de los 25.000 millones de euros que los socialistas creen que ingresarán a golpe de impuestos (15.000 millones) y lucha contra el fraude (10.000). En este sentido «fijaremos un mínimo común para sucesiones y patrimonio y evitar el vaciamiento de las Comunidades», detallaba Sánchez.  Ésto significa que todos los españoles deberemos pagar al Estado un porcentaje «todavía por determinar», adicional al que tengan fijado las Comunidades Autónomas, es decir, se duplicará el impuesto de sucesiones. Se añaden a la caja los aumentos de la fiscalidad medioambiental que irán a parar a un «fondo verde» y con subidas del impuesto de patrimonio que «grave adecuadamente la riqueza».

Miguel Córdoba, profesor de Economía en la Universidad San Pablo CEU, ha explicado a Diario Financiero que «todo depende de lo que hagan. Si hay café para todos en sucesiones y se grava el patrimonio, veo posible que esa cifra se pueda alcanzar en cuatro años».

«Patidifuso» se ha quedado Javier Santacruz, profesor de Economía e investigador de la Universidad de Essex al escuchar las propuestas del PSOE. «15.000 millones de euros no hemos recaudado jamás y eso que en España se han producido las mayores subidas de la historia de la Democracia», exclamaba en el programa Pulso Empresarial de Gestiona Radio. Además, según ha explicado ésto significaría «subir aproximadamente el marginal del impuesto de la renta a más del 60 por ciento».

Tarifa plana en Sociedades

De ganar y poder gobernar tras las elecciones del próximo 20 de diciembre, Sánchez podrá en marcha el mecanismo para impulsar una «reforma integral del Impuesto de sociedades con el objetivo de ensanchar las bases imponibles e incrementar la recaudación». Así todas la empresas tendrán que contribuir al fisco con el mínimo del 15 por ciento (actualmente 25 por ciento), pero sólo de forma transitoria, hasta que se culminase la reforma fiscal y se suprimieran todas las bonificaciones de las que se benefician en la actualidad las grandes empresas, «para acercar el tipo real (de cotización) al nominal».

Según las estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), con esta medida se recaudarían 7.300 millones de euros procedentes de las 4.100 empresas de mayor tributación y cuyo tipo medio efectivo apenas es del 6 por ciento.

En este apartado, cabe destacar que entre las «medidas para aumentar el tamaño empresarial», el PSOE propone «elevar el umbral de facturación en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y en la liquidación del IVA, así como la integración a la Unidad de Grandes Contribuyentes de 6 a 20 millones de euros».

No habrá copago, pero sí lucha contra el fraude y carpetazo a la amnistía fiscal, han insistido Sánchez y Sevilla, que en su  «agenda para una recuperación justa» recogen también medidas orientadas a impulsar el autoempleo. Los socialistas se han comprometido a llevar en su programa dos de las propuestas que vienen siendo demandadas por el colectivo desde hace ya varios años, la cotización por ingresos reales y modificar los plazos de cotización con el objetivo de que sean más equitativas en el caso de las actividades estacionales o temporales.

IVA y tasa Tobin

En sus primeras visitas a Bruselas, de producirse el año próximo, el líder del Partido Socialista pedirá no sólo el aplazamiento de un año para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sino también la desaparición del tipo del 21 por ciento del IVA cultural. «Sólo dejaremos el tipo del 10 por ciento y el superreducido (4 por ciento)», insistía Jordi Sevilla a los periodistas tras finalizar el acto.

Pero no será esta la única petición, ya que Sánchez, al igual que ya lo ha hecho el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, impulsará la puesta en marcha del impuesto a las transaciones europeas en la banca (más conocido como tasa Tobin) «hasta lo más amplio» y luchará por la desaparición de los paraísos fiscales. Para ello se pedirá a las entidades financieras españolas que notifiquen los clientes que tienen cuentas en países como Gibraltar o Andorra y modificar el artículo 95 de la Ley General Tributaria «dentro de los límites constitucionales» que permitan conocer el nombre de los contribuyentes que se han acogido a la amnistía fiscal.

Asimismo se reforzarán los controles sobre la SICAV, limitando los porcentajes de participación máxima de cada inversión y los periodos de permanencia máximos exentos de tributación.

Medidas para las que se necesitará incrementar el número de funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y que se recoge en el programa hasta un número de 5.000 y que será posible, en parte, gracias a la recuperación de la tasa de reposición del 100 por cien aprobada por los populares hace escasas tres semanas. «Un primer paso» para Gestha que recuerda la brecha de 25.000 efectivos que padece la AEAT en la actualidad.

Financiación y transición energética

Mejorar la competitividad de la economía española y cambiar el sistema productivo es algo en lo que coinciden todos los partidos políticos de España. Pero para ello se necesita por un lado que las empresas españolas se internacionalicen a través en torno a la iniciativa España Global, y por otro financiación. El PSOE propone impulsar las inversiones de capital – riesgo en innovación y sectores prioritarios a través del Fondo Estratégico de Innovación y Reindustrialización (FEIR).

El ICO (Instituto de Crédito Oficial) recibirá mayor liquidez y compartirá mayores riesgos con la banca privada con el objetivo de abrir nuevas líneas de financiación para emprendedores e impulsar los proyectos de eficiencia energética.

Precisamente la transición energética es otra de las prioridades para los socialistas. Por ello, además de aprobar la Ley de cambio climático, y realizar una auditoría de costes para comprobar el nivel de eficiencia de España, «presentaremos» un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas Edificios y Regeneración Urbana, con el que se crearán 200.000 nuevos empleos. Por otra parte se crearán tres líneas que impulsen el cambio, una primera de bonificaciones para familias y transporte público, otra de créditos para el ahorro e inversión en eficiencia y una tercera de préstamos a bajo interés para «asegurar una movilidad limpia».

Menos gasto público y más innovación

Con el objetivo de mejorar las cifras de déficit y reducir la deuda, se llevará a cabo una Auditoría del gasto público que detecte los gastos superfluos y aumente la eficacia. Así los distintos órganos de la administración tendrán que acostumbrarse a trabajar por objetivos y resultados, se reformará la Ley de contratos del sector público que extienda a criterios más allá del precio las adjudicaciones, en concreto se «impulsará la compra pública innovadora hasta el 3 por ciento de todas las licitaciones públicas». Por otra parte se reforzará el papel de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos (AEVAL) y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

Por el contrario no se recortará en innovación, ámbito en que se duplicarán los fondos, se reformará el sistema de deducciones fiscales en I+D+i, se establecerán programas de estímulo a la cooperación público – privada y se convertirá al CDTI en la Agencia Estatal de Innovación.