El grupo se adjudicó el Popular en julio de 2017 en el proceso abierto por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) por mandato de la Junta de Resolución Europea (Jur), y a finales del pasado ejercicio cerró la fusión jurídica, causando la extinción efectiva de tal entidad.

El juez central de instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, explica la imputación en el auto en “sucesión procesal por absorción de sociedades» por la que el grupo adquirió todos los activos y pasivos del Popular.

Aún cuando se trata de un paso casi lógico a nivel jurídico, el Santander lo recurrirá como antes hicieran en situaciones parecidas Caixabank con procesos judiciales abiertos en Banco Valencia y que también se adjudicó en subasta pública.

Con la decisión, el magistrado convierte al Santander en heredero de la responsabilidad pese a que su investigación se cierne sobre la gestión y quiebra del Popular bajo el mando de sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, junto a sus exconsejeros y exdirectivos.

Bajo el foco está la ampliación efectuada en 2016 y con la que, según la estrategia que comunicó el Popular dirigido por Ron entonces al mercado, sanearía su balance y garantizaría su futuro.

La investigación trata de averiguar si se incurrió en una presunta manipulación de mercado, ya que el banco tuvo posteriormente que ajustar sus cuentas, reforzar las provisiones y al final acabó colapsando, aunque por la sangría de depósitos causada bajo mandato de Saracho con los constantes mensajes negativos que se filtraron al mercado.