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El Senado aprueba el aforamiento del Rey don Juan Carlos

El proyecto de ley que regula el aforamiento de don Juan Carlos I y otros miembros de la Familia Real salió adelante este jueves en el Senado con 150 votos a favor, 10 en contra y 74 abstenciones. La Cámara Alta rechazó, además, los cuatro vetos presentados por ERC, IU, ICV y PNV, así como las 32 enmiendas que se admitieron a trámite, por lo que la ley de abdicación quedó definitivamente aprobada.

La tramitación finalizó en el Pleno de la Cámara Alta por el procedimiento de lectura única. De esta manera, se dio luz verde al proyecto de ley que permite el aforamiento del ex jefe de Estado, doña Sofía, la reina Letizia y la Princesa de Asturias, con lo que sólo podrán ser enjuiciados por el Tribunal Supremo.

El aforamiento del exmonarca, debatido en sesión extraordinaria del Senado, se incluye en la ley orgánica complementaria de la Ley de Racionalización del Sector Público y otras Medidas de Reforma Administrativa, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La normativa ahora aprobada entrará en vigor tras la firma del Rey Felipe VI y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que previsiblemente se producirá en los próximos días. La Cámara Alta rechazó, además, los cuatro vetos presentados por ERC, IU, ICV y PNV, así como las 32 enmiendas que se admitieron a trámite, por lo que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales esta ley orgánica.

La senadora del PP Silvia Franco defendió la legalidad del cambio de estatuto del rey abdicado y consideró que se está utilizando el “instrumento adecuado”, porque está en consonancia con el criterio manifestado por el CGPJ, que da una valoración positiva a este aforamiento por la relevancia constitucional que tienen los miembros de la Casa Real.

Asimismo, dijo que “es cierto que (este proyecto de ley) tiene un contenido diferente”, “pero es gracias al fruto del derecho de enmienda parlamentaria”. “El objetivo es establecer, sin que que sea un privilegio personal, este aforamiento”, afirmó la senadora en respuesta a las 32 enmiendas presentadas por el resto de grupos al aforamiento, que fueron finalmente rechazadas.

Por su parte, el senador del PSOE Arcadio Díaz Tejera defendió nueve enmiendas de su formación que tratan de “incorporar el principio de mérito”, porque es bueno establecer “mecanismos que limiten al máximo la arbitrariedad”.

Díaz Tejera se refirió a que las plazas ocupadas por los magistrados que pasan a servicios especiales empezarán ahora a ser cubiertas de manera digital, algo en lo que, a su juicio, pudiera haber un “atisbo de arbitrariedad”. El senador socialista dijo que los dos bloques de enmiendas del PSOE pretenden “no consolidar la merma de derechos”, y sostuvo que son buenas para el “prestigio del árbitro” de los conflictos que se producen en todos los tribunales.

En su intervención, el senador de Entesa José Montilla apuntó que las enmiendas del PSC “tratan de revertir los graves recortes de derechos” a los empleados públicos de la Administración de Justicia. En este sentido, defendió que es “absolutamente procedente” utilizar este proyecto de ley para tratar de “revertir los recortes a estos empleados”.

El senador de IU Jesús Iglesias denunció que con este procedimiento se da “relevancia” a un “debate político de baja intensidad”, ya que, argumentó, “no contamos con la presencia de Gallardón, ni de ningún miembro del Gobierno. La ley de abdicación requería que el presidente del Gobierno viniera a presentarla”, dijo, y su ausencia “devalúa aún más lo que pretenden hacer”.

Además, el senador de ICV Jordi Guillot se refirió a la tramitación de este proyecto de ley como “un proceso abrupto y precipitado”. Dijo que es necesario que la ciudadanía no desconfíe de las instituciones, y argumentó que “esto suena a privilegio”, en respuesta a lo que manifestó el PP de que este aforamiento “no es un privilegio personal” para Juan Carlos I.

En el debate de los vetos presentados por ERC, IU, ICV y PNV al proyecto de ley que regula el aforamiento, los portavoces de estas formaciones coincidieron en tachar el proceso de tramitación de “chapuza”.

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