El Tratado de Libre Comercio con EE.UU. duplicaría la subida de sueldo a los españoles

La próxima semana se celebrará la undécima ronda de negociaciones del acuerdo comercial que en un plazo de cinco años generará cerca de 335.000 empleos y supondrá un incremento del PIB de más de 36.740 millones de euros   

Corría el mes de junio de 2013 cuando durante la Cumbre del G-8, el Presidente de los E.E.U.U, Barack Obama, sus homólogos de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el Primer Ministro del Reino Unido, David Cameron, anunciaban su voluntad de simplificar el acceso de las empresas europeas y estadounidenses a un mercado de más de 800 millones de habitantes. Un mes mas tarde, se celebraba en Washington la primera reunión de lo que, en breve, será la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés).

Desde entonces se han producido diez rondas de negociaciones no exentas de polémica por el «oscurantismo» y las «presiones de algunos lobbies empresariales» que denuncian algunas asociaciones y grupos antisistema. Sin embargo y según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) sobre el Impacto en la economía española de la firma de la Asociación Trasatlántica sobre Comercio e Inversión (TTIP) con EEUU que se presentaba esta mañana en la sede de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), el TTIP generará durante sus cinco primeros años de recorrido un total de 334.836 nuevos empleos, ayudando a subir los salarios un 0,72 por ciento anual y adicional a la pactada por convenios. Esto quiere decir que si tomamos como referencia los incrementos medios de los dos últimos años del 0,6 por ciento así como el 0,7 por ciento previsto para este año, se duplicaría la subida prevista en la nómina de los trabajadores españoles.

Esta mejora del empleo sería consecuencia del avance que se produciría en la economía española que sumaría 36.743,3 millones de euros al PIB (Producto Interior Bruto), lo que en términos porcentuales se traduce en un crecimiento del 0,74 por ciento anual.

A la vista de estos datos «España no se puede permitir el lujo de renunciar al acuerdo», explicaba el secretario de Estado de Comercio, Jaime García – Legaz, que ha aprovechado para pedir una explicación a los opositores al TTIP ya que «se están oponiendo a la creación de casi 400.000 nuevos empleos».

Más consumo, más exportaciones y menos aranceles

Abrir las puertas al mercado estadounidense supondría una reducción de las barreras no arancelarias, de los aranceles y de las trabas con las que se encuentra la inversión extranjera bilateral entre las dos regiones protagonistas del acuerdo. Pero además contribuiría a mejorar las limitaciones comerciales y de inversión dentro de la Unión Europea.

Todo ello impactaría tanto en el consumo privado del mercado español así como en el sector exterior. Según revela el informe en el primero de los casos se experimentaría un crecimiento del 0,98 por ciento anual, mientras que las exportaciones sumarían un 1,6 por ciento y las importaciones el 1,52 por ciento. Mejoras que, por contra, no derivarían en una subida de los precios, que se contraerían dos décimas al año.

Maria Concepción Latorre, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y directora del Estudio, incidía a su vez en la ganancia de competitividad de las empresas por el impacto positivo de la inversión extranjera (IED), tanto a nivel global como entre los 28 países de la Unión, y que se convertiría en un «vehículo para mejorar las técnicas y acceder a intermedios de mayor calidad».

Un mercado de 21.000 millones de euros

Estados Unidos es «un socio comercial de primera magnitud», enfatizaba García – Legaz. En el caso de España las relaciones comerciales con el país que preside Barak Obama ascienden a 21.000 millones de euros anuales, de los que más de 10.000 millones corresponden a exportaciones y casi 10.000 a importaciones. La supresión de barreras que resultaría una vez firmado el TTIP implicaría «un salto en la relación comercial bilateral».

Además contribuiría a que se mantuviese el superávit en la balanza comercial a futuro. Las exportaciones hacia Estados Unidos se acrecentarían hasta un 32 por ciento. Dos puntos por encima del impacto del 30 por ciento que tendría este acuerdo sobre las importaciones.

De entre los distintos segmentos de empresas, las pymes tanto españolas como europeas y estadounidenses serían las más beneficiadas, así lo ha explicado el presidente de la CEOE, Juan Rosell, quien también ha intervenido en el acto. Rosell ha querido aclarar que los beneficios de este tratado facilitarían la implementación, a menor escala, de la unidad de mercado tanto a nivel europeo como dentro de España, «no se trata de reducir índices de protección sino de homologarlos, y si somos capaces de hacerlo en Estados Unidos, también lo seremos en la Unión Europea y en las Comunidades Autónomas».

Alimentación y textil los sectores más beneficiados

En el análisis sectorial, el estudio detalla que «los pocos sectores que contraían su producción pasan a crecer, o caen menos y lo que ya lo hacían lo hacen aún más» debido al efecto expansivo de la inversión extranjera.

Así, por detrás de la minería (+1,62 por ciento), los sectores en los que se percibirían los mayores aumentos de producción serían alimentación (+1,38 por ciento), textil (+1,29 por ciento) y seguros (+1,17 por ciento). Llama la atención el retroceso del -0,12 por ciento del sector del automóvil, lo que desde el IEE justifican en que no se ha tenido en cuenta el incremento de la cuota exportadora de los últimos años en Estados Unidos. De haber sido así «veríamos una fuerte expansión».

Conflicto y arbitraje

De cumplirse las previsiones que adelantó el ministro de Economía Luis de Guindos, el pasado martes durante una conferencia en Madrid organizada por el Colegio de Economistas podría estar rubricado «antes del año próximo». Fecha que no es descabellada si atendemos a las intenciones del Presidente de Estados Unidos, Barak Obama, cuyo objetivo que el acuerdo esté listo antes de finalizar su último mandato en el otoño del próximo año.

No obstante aún quedan puntos por resolver y serán los que centren la undécima ronda de negociación que tendrá lugar la próxima semana, entre los días 19 y 23 de octubre. Entre ellos el Mecanismo de Resolución de Controversias entre Inversor y Estado (ISDS por sus siglas en inglés), por el que se permite que una empresa extranjera pueda demandar a los Estados europeos o americanos en caso de que se aprueben leyes que vayan en contra de sus beneficios potenciales. Además sería un árbitro y no un juez quien decidiese la resolución de la demanda.

El ISDS, además de limitar la capacidad de legislar de los Estados, tendría un impacto muy negativo sobre las cuentas públicas, ya que además del exceso de gasto de que supondría la lista de árbitros del Estado habría que destinar una partida específica orientada a sufragar los costes de posibles demandas. Como ejemplo la compañía demanda de 2.000 millones de dólares que Philip Morris interpuso al Gobierno de Uruguay por su campaña anti-tabaco.

En este sentido la Comisión Europea aunque no se niega a su implementación en el tratado si ha propuesto varias reformas que han sido atendidas sólo parcialmente por la administración Obama.