El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe de fiscalización sobre la gestión de la Fundación Tripartita y de los fondos destinados a formación en el año 2010 en el que concluye que existió una «excesiva» subcontratación y que se vulneraron los principios de transparencia y concurrencia en la utilización de los recursos públicos.
El informe hace hincapié en que el proceso de concesión de las subvenciones públicas para la actividad de la Fundación Tripartita, centrada en la formación de personas ocupadas, «no ha garantizado los principios de transparencia y objetividad» e incurrió en una «excesiva y, en ocasiones, injustificada subcontratación».
En este caso, el análisis del Tribunal de Cuentas apunta que durante 2010 se superó el porcentaje máximo de subcontratación (50%) establecido en la Ley General de Subvenciones, alcanzando el 75,6%.
Esta situación ha provocado que «determinadas empresas que prestan sus servicios a las entidades beneficiarias se hayan convertido ‘de facto’ en beneficiarias de significativas cuantías de la subvención concedida, en principio, por el Servicio Público de Empleo Estatal a las organizaciones empresariales y sindicales».
El Tribunal de Cuentas reclama también que se «estudie la idoneidad» de mantener la excepción a la Ley General de Subvenciones que permite obviar el principio general de solicitud de tres ofertas a diferentes proveedores para proceder a la subcontratación de las actividades. Esta excepción está provocando en la práctica «una adjudicación directa a favor de las empresas proveedoras de formación por parte de las entidades beneficiarias de las mismas».
En concreto, el informe apunta que en el año 2010 CEOE adjudicó de forma directa al menos 4,3 millones de euros sin la solicitud previa de ofertas a tres proveedores, mientras que Cepyme alcanzó 6,1 millones (a los que se suman 1,6 millones imputados a su plan de formación), UGT contrató al menos 1,1 millones, y la Fundación Laboral de la Construcción alcanzó 12,2 millones de euros.
También critica el Tribunal de Cuentas el reparto «previo e igualitario al 50%» de los fondos de las subvenciones públicas entre los planes presentados por las organizaciones empresariales y sindicales, lo que «contraviene los principios de objetividad, igualdad y no discriminación, puesto que estos planes no se financian en virtud de unos objetivos predefinidos sino en función de la representatividad de la organización solicitante».
SIN EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
Por otro lado, el informe hace hincapié en el «incumplimiento» a la hora de evaluar y medir la calidad de los programas de formación, un aspecto que es «obligatorio por ley», pero que se «limitó sólo a medir mediante encuestas la satisfacción de los alumnos beneficiarios, sin efectuar un verdadero análisis del impacto de dichas acciones formativas en la mejora de la productividad de las empresas, así como en la empleabilidad de los trabajadores».
Así, apunta que las entidades beneficiarias de las subvenciones «no disponían de medios internos o sistemas de control horario para determinar, de forma objetiva, el número de horas realmente dedicadas por su propio personal a la ejecución de los planes de formación».
Esta situación de «ausencia de sistemas de control horario adecuados impide», según el Tribunal de Cuentas, «verificar la exactitud del coste en personal de los planes de formación así como de las acciones de apoyo y acompañamiento a la misma, fijado en 2010 en un total de 50,2 y 4,02 millones de euros, respectivamente».
Asimismo, el Tribunal se centra en los escasos rendimientos financieros logrados con estos recursos públicos, que en 2010 alcanzaron «apenas» 197.390 euros en relación con los 412,3 millones de euros transferidos a los planes de formación, y 23.307 euros en relación a un total de 14,1 millones de euros de fondos librados para las acciones de apoyo.
Además, denuncia que ni el Servicio Público de Empleo Estatal ni la Fundación Tripartita «han requerido a estas entidades beneficiarias los motivos de esta falta de obtención de rendimientos financieros, lo que ha generado un menoscabo en los caudales públicos».
Por último, el Tribunal de Cuentas recomienda al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Fundación Tripartita el análisis de esta situación para que «subsanen» las deficiencias detectadas.
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