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El TUE confirma su sanción a Repsol y Cepsa

Desestima los recursos que interpusieron ambas compañías ante el Tribunal comunitario

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha confirmado las multas a Cepsa y Repsol, por valor de 83,8 millones de euros y 80,4 millones, respectivamente. Ha sido este miércoles cuando ha ratificado su sanción a las dos empresas energéticas por liderar un cártel para pactar precios y repartirse el mercado español entre 1991 y 2002.

De hecho, la sala europea ha desestimado los recursos que ambas compañías presentaron, haciendo valida la sanción que impuso el ejecutivo comunitario en 2007. Año en el que se impusieron multas por valor de 183,6 millones de euros a una decena de empresas por participar en el cartel del betún de penetración –usado para construir carreteras-.

Ya en el año 2013, en una primera sentencia fechada en el mes de septiembre, el TUE desestimó los recursos de las empresas, por lo que estas volvieron a presentar uno nuevo, solicitando que se mantuviera la parte del fallo que desestimo las pretensiones del Ejecutivo comunitario de elevar las sanciones. En definitiva, que se revisarán a las baja las multas.

Repsol

En lo que se refiere a Repsol, el Tribunal comunitario ha concluido que estuvo en lo cierto al determinar en el primer recurso que no pudieron demostrar que la sección Repsol Lubricantes y Especialidades actuara con autonomía de Repsol Petróleo y Repsol YPF.

Cepsa y Proas

En el caso de Cepsa, el fallo ha confirmado la primera opinión del Tribunal, al considerar que no se había violado el principio de proporcionalidad al determinarse el importe de la multa que se le impuso a la petrolera solidariamente con Proas.

Por lo tanto, este considera que Cepsa no ha presentado las pruebas suficientes para demostrar que el importe de la sanción “sea excesivo, hasta el punto de ser desproporcionada”.

Sobre Proas, otra de las compañías que presentó recurso, el TUE niega que se violaran alguno de los principios de seguridad jurídica o de igualdad de trato o que se haya vulnerado el derecho de defensa por desestimar su argumentación.