Entra en vigor el registro de la jornada de trabajo

La norma que establece la obligatoriedad de registrar la jornada de trabajo ha entrado en vigor este domingo, dos meses después de aprobarse, con el objetivo de salvaguardar el derecho de los trabajadores a tener una jornada previsible y una retribución conforme a su tiempo de trabajo efectivo, y entre dudas por parte de las empresas.

Desde este domingo, entra en vigor la obligatoriedad de establecer el registro de la jornada de trabajo regulada en el real decreto-ley de 8 de marzo de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, crear un marco de seguridad jurídica para trabajadores y empresas y posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La empresa deberá garantizar el registro diario de jornada, que incluirá el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, pausa o descansos, que será necesario reflejar para dejar constancia del tiempo de trabajo efectivo.

Mediante la negociación colectiva o por acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

En caso de que no se haya acordado una vez que haya entrado en vigor, estas empresas deberán encontrarse en trámite de implantarlo para evitar una multa de la Inspección.

Con la norma del 8 de marzo, también se modifica la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos) para tipificar como infracciones en el orden social las derivadas del incumplimiento del registro de jornada.

Con el fin de establecer unos criterios que sirvan de orientación a empresas y trabajadores en la aplicación de la norma, el Ministerio de Trabajo publicará este lunes una guía práctica.

El modelo de registro pactado deberá ofrecer fiabilidad y acreditar que no pueda ser manipulable, ni modificable a posteriori, con el fin de evitar fraudes, abusos o simples incorrecciones, según indicó el Ministerio en una nota.

Durante 2018, un 35% del total de las denuncias por incumplimientos empresariales en materia de relaciones laborales recibidas por la Inspección se referían al tiempo de trabajo, según recoge la norma, que también destaca el “perjuicio grave” para el sistema de Seguridad Social que tienen las horas extra no pagadas.

El Gobierno pretende que el registro de jornada contribuya a “corregir la situación de precariedad, bajos salarios y pobreza que afecta a muchos de los trabajadores que sufren los abusos en su jornada laboral”.

DUDAS ENTRE LAS PYMES

Las pymes mostraron sus dudas con esta medida en situaciones de teletrabajo, trabajo por objetivos, comerciales o trabajadores que prestan sus servicios en el domicilio del cliente, según un comunicado de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme).

Asimismo, desde esta organización se apuntó una “importante incertidumbre” en torno a cómo se va a compatibilizar el cumplimiento de la norma con situaciones como jornadas irregulares recogidas en algunos convenios o la flexibilidad para conciliar la vida laboral y personal.

Para Cepyme, esta norma “introduce una obligación desproporcionada e innecesaria en el actual sistema de relaciones laborales, y va a suponer unos elevados costes para las empresas, especialmente gravosos en el caso de las pymes”.

Desde los sindicatos, CCOO trasladó cuando se aprobó la norma que la ausencia de controles efectivos impide que se detecten incumplimientos generalizados en determinados sectores sobre la duración de la jornada, sobre los descansos obligatorios y la posibilidad de conciliar.

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