Rebajar las cotizaciones sociales 2,3 puntos generaría en torno a 200.000 puestos de trabajo
Anomalía, dícese del «defecto de forma o de funcionamiento», o en el ámbito de la biología «malformación, alteración biológica, congénita o adquirida». La definición que da la RAE (Real Academia Española) bien puede aplicarse a lo que ocurre desde el inició la crisis en el mercado de trabajo de España.
Y es que pese a que nuestra calidad institucional y humana se encuentra en niveles próximos a los de Estados Unidos y a los de ‘los grandes’ de la Unión Europea como Alemania, Francia, Austria o Reino Unido, la tasa de desempleo española (20,90 por ciento según la EPA de diciembre de 2015) se encuentra al nivel de Sudáfrica (24 por ciento) o Grecia (25 por ciento). Así lo ha explicaba ayer por la mañana el economista jefe del Servicio de Estudios de BBVA Research, Rafael Domenech, durante el Primer encuentro sobre Economía Laboral organizado por el Consejo General de Economistas y EAL, Asesores Laborales.
«Una anomalía internacional», afirmaba Domenech causada porque «el listón de nuestro mercado de trabajo es superior al de nuestra capacidad productiva».
Domenech ha querido destacadar la problemática que supone el desempleo estructural en España, que «triplica» las tasas registradas en la Unión Europea y Estados Unidos, lo que se debería a la «excesiva dualidad y volatilidad» de un mercado de trabajo en el que a pesar de las reformas puestas en marcha durante los últimos cuatro años persisten los «desajustes» en material salarial así como una «extrema rigidez».
La consecuencia inmediata es, además, la «brecha estructural» de España en términos de renta per cápita, que se eleva hasta «casi 40 puntos respecto a EEUU y hasta 20 con nuestros principales competidores de la UE».
Ahora bien, hay luz al final del tunel y aún «siendo una anomalía, tiene solución». La economía española se enfrenta al reto de reducir la tasa de paro y crear empleo de calidad y ello pasa por avanzar en las reformas laborales de 2010 y 2012. Ambas defendidas por el economista jefe del Servicio de Estudios de BBVA Research, que detallaba incluso que de haberse aplicado antes la «flexibilidad» que recogen las citadas normas -especialmente en la de 2012- «se hubiera evitado la destrucción de la mitad de empleos durante la crisis». Es decir, España habría perdido un millón menos de puestos de trabajo entre 2008 y 2013.
Otra de las «anomalías» destacadas por Domenech es la relativa a la respuesta del mercado laboral frente a la caída del PIB durante los cinco años de recesión. En dicho periodo el Producto Interior Bruto en España experimentó un retroceso «similar» al de Alemania, sin embargo en el país germano no sólo se destruyó menos empleo sino que además, disminuyeron las horas de trabajo, justo todo lo contrario que sucedió en España.
Más flexibilidad
La mejora de los últimos años no basta, por tanto, para superar un problema que «no es casual y que se debe a un resultado ineficiente de las instituciones económicas, del sistema de trabajo, del educativo y del mercado de bienes y servicios». En este sentido el economista jefe de BBVA apostaba por una racionalización del gasto en políticas activas de empleo «gastamos más de la mitad de lo que deberíamos y el gasto es ineficiente», apuntaba.
No han faltado las críticas a las elevadas cotizaciones sociales que los empresarios se ven obligados a abonar y que lastran la contratación, compensando la bajada con una subida de los impuestos indirectos, «con una reducción del -2,3 por ciento en las cotizaciones sociales aumentaría el empleo en 200.000 nuevos puestos de trabajo y siete veces el PIB».
Además se debe incentivar la contratación indefinida manteniendo los contratos temporales sólo con carácter «residual». Punto este en el que ha matizado las propuestas que puestas encima de la mesa por parte de algunos partidos políticos -que no ha querido nombrar- insistiendo en la tesis de la indemnización creciente para las contrataciones sine die, «el contrato indefinido tiene que acompañarse de una indemnización menor que el temporal de entrada».
En materia salarial, la iniciativa que ha expuesto toma como ejemplo la «mochila austriaca». Ésta se dibuja en que parte de la nómina se abone en una cuenta independiente que cubra posibles contingencias como el desempleo y la jubilación. Cuestión ésta en la que ha defendido que «las pensiones se deben pagar con impuestos indirectos».
Por otra parte dada la peculiaridad del tejido empresarial, se debe «adaptar la legalidad y la fiscalidad a las pymes» buscando soluciones al sistema de negociación colectiva. Así ha desechado la idea de que prevalezca el convenio sectorial, que debe ser flexible y «permitir la entrada de las observaciones de las empresas».
Fuente gráfico cabecera: INE
