La electricidad es cara en España para las empresas y las familias. Durante los últimos meses el precio del kilovatio se ha mantenido por encima del Índice de Precios de Consumo.

En octubre la electricidad se ha encarecido un 7,25%, según informa FUNCAS sobre los datos de Eurostat. Si no se consigue reducir el valor, esta situación podría provocar una desaceleración más significativa de lo previsto. La electricidad, el agua y la vivienda presentan el 32% del gasto medio por hogar. El porcentaje crece para las personas con niveles de renta más bajos.

Las empresas también hacen frente a la subida significativa del coste de la electricidad. El kilovatio se ha incrementado de tal manera que ha erosionado la ccompetitividad y obliga a reducir otros costes. En el tercer trimestre la inversión de productos de la propiedad intelectual descendió un 0,7%. Las empresas gastan un 50 más en electricidad que en investigación y desarrollo.

España tiene la electricidad más cara de la zona euro, excluyendo tasas e impuestos. Según Eurostat, durante el primer semestre de 2016, el kilovatio cuesta un 24% más que Alemania. Pero esta cifra aumenta un 58% si lo comparamos con Francia. Si tuviéramos en cuenta las tasas e impuestos, España seguiría siendo uno de los países con el precio final de la electricidad más alto.

Una deuda a cargo del consumidor

El Estado debe 25.000 millones de euros a las empresas eléctricas, y esto se ha notado en el recibo de la luz. La deuda tiene su origen en las subvenciones que se dieron a las energías renovables, fueron muchas y estuvieron mal diseñadas, todo ello para disminuir la dependencia del petróleo. Esta deuda también es fruto de decisiones equivocadas en materia de fijación de precios, que desde principios de los años 2000 ha propiciado la realización de jugosos beneficios por parte de las empresas.

Una cláusula en vigor desde el 2014 obliga a que los usuarios se hagan cargo del coste de la deuda hasta su completa extinción. De esta forma, la parte regulada del recibo de la luz (la mitad del total) no puede disminuir, incluso en el supuesto de una reducción de los costes de producción como ha ocurrido estos últimos años. Sólo en 2015, los usuarios asumieron una carga financiera de más de 2.500 millones de euros y se prevé que los pagos continúen al mismo ritmo al menos durante los próximos diez años.

Desde el 2015 se aplican tarifas distintas en cada hora, lo que puede ayudar a contener los precios para algunos consumidores. Pero el beneficio para las pequeñas compañías es más incierto. Sobre todo, las evoluciones recientes, las comparaciones internacionales y la aparición de turbulencias externas que podrían frenar la recuperación obligan a repensar el sistema. Una reestructuración del mecanismo de fijación de precios mejoraría la eficiencia del sector. Todo ello llevará tiempo. A corto plazo, es imprescindible mantener las ayudas concedidas por las compañías a los usuarios en riesgo de exclusión