España necesitará 220.000 puntos de recarga de coches eléctricos en 2030

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, señaló este jueves que España necesitará al menos 220.000 puntos públicos de recarga para vehículos eléctricos en 2030 como complemento a la legislación comunitaria de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de coches y furgonetas con el fin de que la UE cumpla sus compromisos climáticos en relación al Acuerdo de París.

Así lo señaló Cañete en la inauguración del IV Foro Nissan de Movilidad Sostenible, celebrado en Madrid, donde disertó sobre la necesidad de reducir las emisiones de CO2 en el sector del transporte para cumplir los compromisos adquiridos por la UE al ratificar el Acuerdo de París con el fin de limitar el aumento de la temperatura del planeta a entre 1,5 y 2ºC con respecto a los niveles preindustriales.

Cañete subrayó que las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la UE se redujeron un 22% en 2017 respecto de 1990 mientras el PIB crecía un 58%, pero las del transporte aumentaron un 20%, por lo que consideró “necesaria” la puesta en marcha de un paquete legislativo con objetivos de reducción de emisiones en 2030.

En este sentido, la Comisión Europea ha presentado dos propuestas legislativas de reducción de emisiones de CO2, tanto para coches y furgonetas (un 30% menos en 2030 en comparación con 2021) como para camiones (un 30% menos en 2030 en comparación con 2019).

El Parlamento Europeo acordó este miércoles elevar la ambición del Ejecutivo comunitario hasta un 40% en coches y furgonetas para 2030, y los ministros de medio ambiente se reunirán el próximo martes para intentar acordar una posición común al repecto.

Cañete indicó que la Comisión Europea apuesta por que las instituciones comunitarias fijen sus posiciones antes de las elecciones europeas del próximo mes de mayo. “Si no llegamos a ese acuerdo, probablemente esta legislación no entrará en vigor en 2020 y seguiríamos con los mismos estándares”, añadió.

Para Cañete, la propuesta de la Eurocámara supondría “esfuerzos tecnológicos adicionales” y posibles impactos laborales con “pérdidas significativas” de puestos de trabajo en el sector del motor de combustión “si se fuerza una transición muy rápida” hacia los vehículos menos contaminantes.

“FUERTE DIVISIÓN”

El comisario indicó que en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente hay “una fuerte división” entre los países del este de Europa que comparten la postura de la Comisión, otros que reclaman niveles de ambición más altos y un tercer grupo, donde se encuentra Alemania, que no ha definido su postura. “La Comisión entiende que es crucial que el Consejo acurde una posición común en Luxemburgo el próximo martes”, apuntó.

En este sentido, comentó que este acuerdo comunitario permitiría tener un marco regulatorio estable para los fabricantes y para que las administraciones públicas pongan en marcha políticas fiscales y de desarrollo de infraestructuras de puntos de recarga.

Por ejemplo, indicó que la propuesta de la Comisión Europea de reducir un 30% las emisiones de CO2 en coches y furgonetas supondría que España debería pasar de 1.754 puntos públicos de recarga de 2017 a unos 220.000 en 2030, cifra que se elevaría a 300.000 con la petición de la Eurocámara de que se incremente la reducción de emisiones al 40%.

Cañete apuntó que la UE también tendría que aprobar una estrategia de descarbonización de la economía, en la cual la electrificación será clave. “No tiene sentido avanzar hacia una movilidad sostenible de vehículos eléctricos si la electricidad que hay que recargar no es renovable, los dos procesos tienen que ir acompañados”, dijo.

ESPAÑA, “EN EL VAGÓN DE CABEZA”

Por otro lado, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, subrayó que España estará “en el vagón de cabeza, no en el vagón de cola” en la lucha contra el cambio climático y las políticas que se adopten para la reducción de gases de efecto invernadero.

Morán apostó por “no frenar” la hoja de ruta que marca la Comisión Europea en este sentido, cuando la UE ha liderado “históricamente” los debates climáticos, y recalcó que los niveles de reducción de emisiones del transporte son “indispensables”. “Debemos trasladar un marco normativo lo suficientemente claro para que el sector transporte se convierta en el factor principal de ese proceso”, agregó.

Indicó que el Gobierno español tiene “vocación de ser locomotora” en este capítulo y enviará el Plan Integrado de Energía y Clima a la Comisión Europea el próximo mes de diciembre, además de que trabaja en la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

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