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Felipe VI prohíbe trabajar en el sector privado a la Familia Real

El Rey Felipe VI ha decidido que los miembros de la Familia Real solo puedan desarrollar exclusivamente actividades de naturaleza institucional, ha anunciado el Palacio de Zarzuela. La Casa del Rey ha citado este lunes a los medios de comunicación que cubren habitualmente las actividades de Palacio para informarles de una serie de criterios de actuación decididos por Felipe VI y que afectarán a su familia y al personal de la Casa de Su Majestad, el órgano que le sirve de apoyo en el desarrollo de sus funciones constitucionales.

Desde la proclamación de Felipe VI la Familia Real ha quedado limitada a Don Felipe, Doña Letizia, los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía. Las hermanas de Felipe VI, la Infanta Elena y la Infanta Cristina, ya no son miembros de la Familia Real, sino familia del Rey. En relación con ellas, Felipe VI ha decidido que, con carácter general, “no desarrollarán actividades de carácter institucional”.

“El desarrollo ocasional y puntual de alguna actividad institucional por parte de miembros de la Familia de Su Majestad que no sean miembros de la Familia Real solo tendrá lugar cuando exista un encargo concreto del Rey, dentro del ámbito de sus atribuciones o cuando por la naturaleza o el lugar de la actividad y tras igual encargo, se requiera la correspondiente decisión aprobada por el Gobierno”, ha informado Zarzuela.

La Infanta Elena no cobrará nada

En esos casos puntuales -que afectarán hoy por hoy a la Infanta Elena- el familiar del Rey no cobrará por participar en la actividad institucional.

Antes del 31 de diciembre de este año, Felipe VI se ha propuesto aprobar un régimen jurídico de los regalos recibidos por parte de los miembros de la Familia Real; un Código de Conducta para el personal de la Casa; un convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Comercio que regulará la labor de asesoramiento en la función de la Corona a la promoción de los intereses económicos españoles y un convenio de colaboración con la Intervención General del Estado para la realización de una auditoría externa de las cuentas de la Casa.