El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció hoy que va a trasladar a la Fiscalía que las declaraciones del presidente de Sortu, Hasier Arraiz, que este lunes llamó a dar «jaque mate a la Guardia Civil», tras la detención de una docena de abogados de presos de ETA a los que se acusa de mantener a estos reclusos bajo la disciplina de la banda criminal.
En declaraciones a la Cope recogidas por Servimedia, Fernández Díaz aseguró que estas afirmaciones de Arraiz le revuelven «las tripas», puesto que los 200 miembros de la Benemérita asesinados por la banda etarra reflejan que el entramado etarra ha intentado durante décadas dar «jaque mate» a este cuerpo de seguridad.
A este respecto, el ministro anunció que este mismo martes van a trasladar las declaraciones de este dirigente de Sortu a la Fiscalía «por si fueran constitutivas de delito», aunque adelantó que él considera «lo son». Añadió que la afirmación de este dirigente abertzale es «profundamente ofensiva», ya que que la banda etarra ha asesinado a 200 guardias civiles. Por este motivo, remarcó que «bromas con ese asunto ninguna».
«PARA NADA» HABRÁ REPLIEGUE
Además, Fernández Díaz señaló el entorno de ETA debe saber que el Gobierno «para nada» va a llevar a cabo «lo que ellos llaman repliegue de las Fuerzas de Seguridad en el País Vasco». Remarcó que policías nacionales y guardias civiles van a seguir en las provincias vascas «les guste o no les guste».
En este sentido, argumentó que sin este despliegue en el País Vasco de las Fuerzas de Seguridad del Estado, «ETA no estaría como está», ya que, en la actualidad, se trata de una banda terrorista que está acabada y de la que sólo queda esperar su desaparición definitiva.
Respecto a la operación contra los abogados del entorno etarra, el titular de Interior dijo que estos letrados hacían «de correos» de la banda criminal «para mantener cohesionado» al colectivo de presos. Destacó que lo importante es el delito de pertenencia a banda armada que se les atribuye a los arrestados y que, «adicionalmente», se les acusa de blanquear dinero ilegal, parte del cual eran las asignaciones que daban a los reclusos etarras.
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