La compañía que preside Rafael del Pino tarda 536 días de media en pagar a sus proveedores
Más de año y medio de espera para cobrar un dinero que les corresponde por haber hecho su trabajo. O más exactamente 536 días de media es lo que tarda Ferrovial en abonar sus facturas a proveedores, un plazo que la coloca como la constructora que más tarda en pagar.
Pero la compañía que preside Rafael del Pino no es la única en la lista de las seis que triplican los periodos máximos de 60 establecidos por Ley de Morosidad. Así lo ha puesto de manifiesto la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) que, esta misma tarde y en el Congreso de los Diputados, ha hecho públicos los nombres y apellidos de las empresas más morosas del sector de la construcción y que cotizan en el IBEX 35.
A Ferrovial le siguen por orden otros grandes nombres como Acciona, con 425 días de media de pago a proveedores, Sacyr con 337, FCC que registra 195, ACS con 188 y OHL, 184. Datos que contrastan con los periodos medios de cobro que estas mismas empresas registran en sus cuentas de resultados anuales y que oscilan entre los 34 y los 68 días en la mayor parte de los casos.
Del informe, llama también la atención que, con excepción del Acciona y Sacyr que mejoraron sus periodos medios de pago en un 7 y 12 por ciento respectivamente (ver cuadro 1), el resto los incrementaron entre el 3 por ciento (ACS) y el 11 por ciento (OHL).
Ahorro de intereses
La práctica de la morosidad tiene como razón de base minorar los costes de financiación. Según ha explicado Antoni Cañete en rueda de prensa «hay 66.000 millones de euros en facturas impagadas» que para las empresas se traduce en un ahorro financiero de cerca 1.200 millones de euros al año y de 1.640 millones de euros menos de intereses de demora.
Por poner ejemplos concretos, y en el caso de las constructoras, ACS, la compañía que preside el también presidente del Real Madrid Florentino Pérez, se ahorró en términos de financiación neta un 8,3 por ciento el año pasado (ver cuadro 1). Otra de la que más beneficio obtuvo por pagar tarde a sus proveedores fue Acciona, con un 5,9 por ciento.
Ante estos datos el presidente de la Plataforma ha calificado esta práctica como “una forma de corrupción permitida que atenta directamente contra la competitividad de las empresas y del país”. Tras la reunión que ha mantenido con los representantes económicos de los distintos grupos políticos y durante una entrevista en el programa Pulso Empresarial de Gestiona Radio, ha ido un paso más allá y ha apuntado a una «posible connivencia» entre el Gobierno y los grandes lobbys empresariales del país que ejercerían de «grupos de presión» para impedir que se llevasen adelante medidas como el régimen sancionador.
Y es que no olvidemos que muchos de los ex-políticos ocupan puestos directivos en las grandes empresas. Es el caso de Josep Piqué, que en 2013 llegó a OHL como Consejero delegado, o de Miquel Roca i Junyent que fue Diputado por Barcelona y Presidente del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso de los Diputados entre 1977-1995 y ejerce como Consejero delegado independiente en ACS desde 2003.
Caso omiso
Por parte de las empresas no ha habido respuesta alguna, «hasta la fecha no ha habido contestación de ninguna de las empresas», se lamentaba Cañete, quien además ha revelado que los datos relativos a los periodos medios de pago y que constan publicados en las cuentas anuales «no se corresponden con los de las auditorías encargadas por las empresas».
El mismo caso omiso que han mostrado estas compañías ante las notificaciones que se les trasladaban la pasada semana, se ha contagiado en el seno del Gobierno «los que tienen responsabilidades gubernamentales hacen la vista gorda». De continuar esta pasividad en la que «se tienen muy buenas palabras pero realidades ninguna” la Plataforma está dispuesta a denunciar ante Bruselas y no sólo al Gobierno «sea cual sea» sino también a las empresas incumplidoras.
A este respecto los representantes de los grupos políticos han coincidido en calificar de «indamisibles e injustos» los datos presentados por la Plataforma y que en las próximas semanas se harán extensibles a otros sectores. Así, y una vez más, se han comprometido a incorporar en sus programas electorales el desarrollo de un régimen sancionador y de medidas que contribuyan a resolver el «problema sistémico de la morosidad» y a la mejora de la economía productiva.
Victoria pírrica
Antoni Cañete también ha hablado de la “victoria pírrica” del Anteproyecto de Ley de contratos del sector público, que da potestad a las administraciones para decidir si exigen o no el periodo medio de pago a proveedores como criterio de solvencia. En este caso ha vuelto a insistir en que “el podrá es una puerta de escape y debería sustituirse por un debe”.
Como dato a resaltar recordemos que un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis lo han hecho por causa de la morosidad, en su mayor parte medianas empresas, microempresas y autónomos. Dato al que hay que añadir que el 74 por ciento de los proveedores firmaron acuerdos en los que se imponían plazos de pago superiores a los 60 días legales lo que convierte al contrato en «nulo de pleno derecho».
