Función Pública niega los recortes de los días «moscosos» de los funcionarios

La Secretaría de Estado de Función Pública aclaró este miércoles que no ha habido un recorte de los días de asuntos propios, conocidos como días ‘moscosos’, para los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), tras la denuncia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que apuntaba en esta dirección.

En un comunicado, Función Pública aseguró que las disposiciones sobre los días de asuntos propios, seis al año, que hoy se aplican “se seguirán aplicando” y son las que hay vigentes desde 2008.

Subrayó que “ni ha propuesto ni va a proponer ningún cambio ni modificación” en la regulación sobre los días ‘moscosos’, tras la denuncia de CSIF sobre la limitación de los días de asuntos propios de los empleados públicos que se iba a llevar a cabo, introduciendo un nuevo criterio que los vincula al tiempo trabajado, lo que afectaría a los días de las mujeres víctimas de violencia de género que se reincorporen de una excedencia y de quienes se acojan a una excedencia por cuidado de familiares.

CSIF exponía en un comunicado que la Comisión Superior de Personal de la Administración General del Estado, en la que no están presentes los sindicatos, había distribuido a los diferentes departamentos un acuerdo sobre criterios de interpretación por el que se introduce un nuevo requisito de proporcionalidad, de tal manera que los días de asuntos propios serán proporcionales al tiempo efectivamente trabajado durante el año natural.

El Ministerio explicó que la Comisión Superior de Personal “responde únicamente a la consulta de un organismo público que afecta exclusivamente a los empleados públicos de nuevo ingreso y relativa solo a si deben o no computar los períodos de práctica o cursos selectivos”.

Lamentó la “manipulación sobre un asunto tan sensible, precisamente, con las empleadas públicas víctimas de violencia de género, con quienes este Gobierno ha manifestado y manifestará su firme compromiso y solidaridad, como demuestran las actuaciones adoptadas en los últimos meses”.

El pasado mes de octubre, el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron facilitar la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género a otra localidad alejada de la residencia del maltratador si así lo desea.

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