Gobierno y representantes de los autónomos alcanzan un preacuerdo para subir las bases de cotización en 1,25%

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y las principales organizaciones de autónomos,  UPTA y ATA, alcanzaron un principio de acuerdo este miércoles para subir en un 1,25% las bases mínimas de cotización.

Según informó la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, el acuerdo se alcanzó en una reunión en la que participaron el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados; la directora general de Trabajo Autónomo, María Antonia Pérez León; y los presidentes de UPTA y ATA, Eduardo Abad y Lorenzo Amor, respectivamente.

El principio de acuerdo fijará un incremento del 1,25% en la base de cotización y un tipo aplicable de 30% el primer año; el 30,3% el segundo año; un 30,6% el tercero y el 30,9% en el cuarto año.

En cuanto a la tarifa plana, se asemejará a la cotización de los contratos de aprendizaje y formación en el régimen general, “entendiendo que esta figura es la que más se aproxima a la de un emprendedor”. Según explicó UPTA, “el futuro sistema de cotización en función de ingresos será la materia prioritaria para desarrollar en el primer trimestre del próximo año”.

Por otro lado, el acuerdo establecería como nuevos derechos para los autónomos el accidente de trabajo, la enfermedad profesional, el cese de actividad, formación profesional, y la bonificación de la incapacidad temporal por contingencias comunes.

“Estas prestaciones harán posible que nuestro colectivo goce de una protección social similar a la que desde hace años disfrutan los trabajadores por cuenta ajena, rompiendo de esta manera la brecha existente entre ambos”, aseguró UPTA.

Además, se aplicará el tipo sobre las contingencias señaladas, que será el 0,6% en contingencias profesionales; el 1% para el cese de actividad y el 0,1% en formación.

Por último, se creará una comisión de trabajo para estudiar la modificación del actual cese de actividad, “comisión que pueda establecer un sistema menos dañino para los intereses de los solicitantes del mismo y que permita dar un sentido de máxima protección ante un no deseado cierre del negocio”.

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