Izquierda Unida quiere que los delitos económicos relacionados con la corrupción no tengan fecha de prescripción, además de aumentar hasta 30 años la inhabilitación para los cargos públicos ya condenados y establecer una responsabilidad subsidiaria para aquellas instituciones financieras que colaboren en operaciones de blanqueo de capitales y ocultación de bienes.

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha presentado este lunes una batería de 45 propuestas que su formación ha registrado en el Congreso de los Diputados para frenar la corrupción –«el cáncer de la democracia»– y que, a su juicio, si hubieran estado aprobadas desde hace años la corrupción ahora estaría ahora «acorralada», las responsabilidades penales se habrían «acelerado» y el Estado hubiera podido recuperar ya una parte de lo robado.

«Los casos de corrupción son hoy innumerables. Eso genera desafección política, es la antesala del populismo y también en muchos países del fascismo», ha advertido Cayo Lara durante una conferencia impartida en Nueva Economía Fórum, donde ha acusado al PP de querer «una ley de punto y final» después de haber «boicoteado» todas sus propuestas en las Cortes Generales.

La proposición no de ley que Izquierda Plural defenderá en el Congreso incluye un total de 45 medidas que afectan a una decena de leyes y que giran en torno a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción, la prevención y la lucha contra el fraude fiscal, el control de los procesos de contratación de las administraciones públicas y de los procedimientos urbanísticos, la regulación de la labor de los cargos públicos, las campañas electorales, los partidos políticos, medidas contra el transfuguismo y el control de los ‘lobbies’.