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Julio Sanz (Antaxi): “No nos gusta el carácter ‘indemnizatorio’ del Decreto Ley sobre las VTC”

El Real Decreto Ley que transfiere las competencias de regulación de la actividad de las empresas de VTC (como Cabify, Uber, y sus empresas afiliadas) ha arrojado opiniones a favor y en contra desde ambos bandos de la disputa que han mantenido este sector y los sindicatos del taxi durante meses. Julio Sanz, Presidente de Antaxi, y uno de los negociadores que participaron en las conversaciones de septiembre pasado, ha ofrecido a este Diario su valoración del Decreto, así como su perspectiva acerca de la coexistencia futura entre ambos sectores.

P. ¿Cuál es su valoración del Real Decreto Ley que transfiere las competencias regulatorias de las VTC a las comunidades autónomas?

R. Nuestra opinión sobre el Real Decreto es en general positiva, no solamente para la ordenación de los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) sino también para los usuarios de todos los modos de transporte. Hay una asimetría normativa muy clara que perjudica la actividad de los taxis, ya que siendo un transporte eminentemente urbano, el sector de las VTC no tiene una normativa que les regule, como si es el caso de los taxi. Lo que pretende el Real Decreto Ley, en virtud de este vacío legal, es establecer una moratoria  de cuatro años tras la cual los vehículos con licencia VTC que no dispongan de normativa ni autonómica ni local solamente puedan prestar servicios interurbanos.

Como se trata de un servicio cuya concesión en un principio fue de carácter interurbano no habrá variación y, por tanto, el Decreto en este sentido no va a afectar a las VTC. Lo que si habrá es acción por parte de los ayuntamientos que ya han demostrado interés regulatorio al respecto como Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Málaga o Córdoba; ciudades que si estarán en condiciones de legislar sobre distintas materias como la medioambiental para establecer un número máximo de vehículos con licencia VTC.

P. ¿Qué aspectos del Decreto Ley considera menos positivos o más negativos?

El establecimiento de un período transitorio o moratoria de 4 años, que sería incluso ampliable a un año más si las VTC logran justificar que sus inversiones no han sido cubiertas aún. Este carácter “indemnizatorio” del Decreto Ley es algo que no nos gusta pues en principio no reconocemos una indemnización sobre el derecho a una autorización; entendemos que las indemnizaciones si alguien las puede reclamar es el sector del taxi, quien se ha visto perjudicado por la concesión de un número desproporcionado de autorizaciones (licencias) para las VTC.

P. ¿Cuáles medidas recomendaría para mejorar la convivencia entre ambos sectores?

La convivencia ha sido muy aceptable hasta más o menos 2012; ellos se dedicaban a su trabajo (enfocado en el nicho VIP) y nosotros al nuestro, sin problemas. A partir de esta fecha se solicitaron miles de autorizaciones argumentando el vacío legal que existía, y ahí es cuando comienza a desproporcionarse la relación. La convivencia se deriva del respeto a las normas, si ahora mismo las comunidades autónomas y las ayuntamientos comienzan a regular el servicio de las VTC la convivencia está garantizada. El taxi no quiere la exclusividad del servicio de transporte urbano, queremos seguir siendo un servicio público de interés general pero no somos -como se ha dicho-  un monopolio.