El ministro de Justicia, Rafael Catalá, rechaza eliminar las tasas judiciales que aún se mantienen, y que afectan por ejemplo a las personas jurídicas, incluidas pymes y ONGs, y además no descarta que éstas puedan incluso sufrir un incremento durante la próxima legislatura tras analizarse los costes reales que el uso de la Justicia por estos colectivos está generando.

Según ha manifestado Catalá en una entrevista concedida a Europa Press, el objetivo es que las tasas se adecuen en lo más posible «a su concepto natural que es la financiación por un particular de un servicio público del que hace uso singularmente».

«A nadie se nos ocurre pensar que las autopistas de peaje las paguemos con los impuestos de los que no pasan por las autopistas, pagan los que las usan -explica el titular de Justicia-. Si uno va a bañarse a una piscina municipal paga una entrada, no se paga con los impuestos municipales de los que no usan las piscinas, por citar dos ejemplo coloquiales».

Por ello, la eliminación de estas tasas no entra dentro de la agenda de reformas del PP para la próxima legislatura. Catalá se opone a que los impuestos de los españoles financien al cien por cien la Justicia, «más allá del servicio público de la justicia que tiene un elemento de tutela de derechos».

«Pero insisto en que hay muchas entidades que acuden a la Justicia y que tienen pleitos de volúmenes económicos muy importantes de litigios entre empresas, por ello tiene sentido que existan las tasas de personas jurídicas», ha añadido.

Cuestión diferente, según Catalá, es que puedan discutirse otros aspectos como el concepto de la temeridad para ser condenado en costas o las cuantías concretas que se cobran. «Pero creo razonable en términos democráticos que con los impuestos de los ciudadanos no se esté pagando un sistema de cobros que tienen las empresas a través de las reclamaciones judiciales», ha insistido.

Europa Press