La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha fijado para mañana la votación y fallo de la denuncia interpuesta por UPyD contra el acuerdo alcanzado en la Comisión Coordinadora del Convenio Económico entre el Estado y Navarra, que limita las consecuencias del cambio de tributación de Volkswagen.
El contencioso relativo al IVA de Volkswagen se refiere al dinero que el Estado ha tenido que devolver en concepto de IVA por los coches exportados que fueron fabricados en la planta que Volkswagen tiene en Navarra entre los años 2007 y 2011. Esa cantidad que ha pagado el Estado es lo que ahora reclama a Navarra, ya que la correspondiente a ejercicios anteriores a 2007 habría prescrito, pero el Ejecutivo autonómico entiende que no tiene deuda alguna con el central.
Ambos gobiernos llevan meses buscando una salida negociada al conflicto y la formación que lidera Rosa Díez ha optado por llevar el asunto a los tribunales por entender que el acuerdo de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico deja en 25 millones anuales el impacto negativo para Navarra, por lo que entiende que se trata de «un rescate encubierto».
En su denuncia, UPyD reclama que se suspendan «con carácter inmediato» las transferencias trimestrales contempladas en el convenio suscrito en 2012 en concepto de «compensación» a la Comunidad Foral para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones económicas. La resolución podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Este conflicto se debatió en el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 17 de diciembre. La diputada de Geroa Bai Uxúe Barkos presentó una moción consecuencia de interpelación urgente «sobre la posición del Gobierno ante los conflictos surgidos con la Comunidad Foral de Navarra». La petición de Barkos incluía la retirada del recurso presentado por la Agencia Tributaria contra Navarra que reclamaba los cientos de millones de euros que devolvió el Estado.
UpyD argumenta que la Hacienda Foral de Navarra recaudaba el IVA pero luego no devolvía lo que correspondía a las exportaciones que han motivado el conflicto de intereses y era el Estado el que finalmente pagaba ese dinero. A Volkswagen este proceso le es indiferente, pero para la comunidad autónoma suponía el ingreso de entre 300 y 400 millones de euros cada año, durante 13 ejercicios.
Ahora la Agencia Tributaria reclama a la Hacienda navarra alrededor de 1.500 millones de euros. El recurso está suspendido en espera del resultado de las negociaciones entre ambas administraciones. Pero UPyD no está de acuerdo con ese proceso de diálogo, porque considera que su resultado siempre implicará que una parte de lo adeudado no se devolverá.
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