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La Audiencia Nacional dirimirá la impugnación contra el sindicato de “trabajadoras sexuales”

El próximo 14 de noviembre la Sala Social de la Audiencia Nacional celebrará los actos de conciliación y juicio por la demanda interpuesta por la asociación pro derechos humanos L’Escola contra el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para impugnar la inscripción como sindicato por el propio Ministerio de una organización de autodenominadas “trabajadoras sexuales” (OTRAS) bajo los criterios de la ley 11/1985 de Libertad Sindical.

La denuncia se formuló el pasado 3 de aogosto y un par de meses después la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional se declaró competente para conocer de este procedimiento, mediante auto del presidente de la Sala, Ricardo Bodas Martín,una vez oídas a las partes y en contra del criterio del Ministerio Fiscal.

El tribunal también dirimirá ese día la demanda presentada por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, que también presentó el pasado mes de septiembre una demanda en la Audiencia Nacional.

Ahora el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha recurrido a la Audiencia Nacional para impugnar la constitución del sindicato de prostitutas `Otras´, al considerar que vulnera la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la dignidad de la persona y el principio de igualdad, pese a que fue la propia administración la que inscribió la entidad como sindicato.

Este mismo lunes, el Ejecutivo ha remitido un informe a la Fiscalía General del Estado a través del Ministerio de Justicia, con el fin de impugnar los Estatutos del sindicato que el propio Ministerio de Trabajo inscribió como tal este verano. Esa inscripción le costó el puesto a la que fuera directora de Trabajo, Concepción Pascual.

En aquel momento, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dijo que la inscripción había sido un error: “El Gobierno no puede admitir la constitución de un sindicato que, según las informaciones conocidas con posterioridad al depósito de sus Estatutos ante la Dirección General de Trabajo, ha afirmado perseguir la defensa y promoción de la prostitución, el otorgamiento de derechos laborales a quienes ejercen la prostitución y, por tanto, la normalización de la relación existente entre quien ejerce la prostitución y el proxeneta”.

Tras analizar la legislación sobre libertad sindical y las diversas vías existentes en derecho, el informe del Ministerio concluye que “la alternativa jurídica más viable y más efectiva” es “la impugnación en vía judicial de los mismos ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional”, por lo que trasladará el informe a la Fiscalía.

La Abogacía del Estado se personará, con todas probabilidad, en la causa abierta que se analizará el próximo día 14 a partir de las 11.30 de la mañana en la Audiencia Nacional. El Gobierno mantiene que “la prostitución no es una situación neutra, lleva aparejada la explotación sexual de una persona, mayoritariamente mujer, y con mucha frecuencia aparece anudada a situaciones de trata de seres humanos”.

El sindicato `Otras´ fue registrado por la Dirección de Trabajo el pasado mes de julio y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 4 de agosto. La ministra Valerio, reconoció entonces que le habían colado un “gol por toda la escuadra” con la resolución del sindicato.

Tal y como publicó Servimedia, el principal promotor de este autodenominado sindicato sería Joaquín Pedro Donaire Mateos, uno de los principales gestores de la asociación Aprosex. Esta asociación no ha estado exenta de polémica debido a sus conocidos cursos de prostitutas “novatas” y otros sobre “mamadas” a cambio de dinero, que gestiona con su socia Conxa Borrell, presidenta de `Otras´.