A partir de hoy los empleados públicos empezarán a recibir el 26% de la paga de 2012
Todos de acuerdo en el fondo pero no en las formas. Esta tarde el Congreso de los Diputados convalidaba de forma casi unánime (284 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones) el Real Decreto Ley por el que se aprueban varios créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Entre ellos el que se empleará para la devolución de la paga extraordinaria que se retiró a los empleados públicos en 2012.
De los más de 630,57 millones de euros, casi el 40 por ciento (251,85 millones de euros) serán los que se repartirán entre las distintas administraciones para que, a su vez, comiencen a abonar -en nómina aparte- el 26 por ciento la extra de 2012. Según han explicado fuentes del ministerio de Hacienda, «las primeras transferencias llegarán esta semana a las cuentas de los funcionarios del Estado».
Lo que se desconoce aún es cuándo y cómo van a percibir el ingreso aquellos que trabajen para las comunidades autónomas o entes locales, ya que el Real Decreto les otorga potestad tanto en la forma como en el plazo. De hecho se prevé que muchas esperen hasta final de año, cuando se conozca el nivel de cumplimiento de los objetivos de déficit, vinculando la devolución al mismo.
Una vez más, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro ha subido a la tribuna de oradores para justificar la oportunidad de estos créditos cuya razón es que «todas las necesidades objetivas sean atendidas de forma inmediata». Por otra parte, Montoro, ha reiterado que ha sido la buena marcha de la economía española «y el cumplimiento de los objetivos de déficit» la que ha hecho posible que se apruebe este Real Decreto antes de lo previsto.
Poniendo especial énfasis en el incremento de la recaudación del 6,7 por ciento en términos de contabilidad nacional, el titular de Hacienda detallaba que «además se han inyectado 3.000 millones de euros en los bolsillos de los ciudadanos».
A pesar del sí de la votación, durante el debate los grupos de la oposición han recurrido a lo que Montoro ha calificado de «topicazos». Todos han vuelto a tirar de argumentos que giraban en torno al «carácter electoralista» y la «manipulación torticera» del Gobierno a la hora de aprobar la medida.
Pedro Saura, el portavoz económico del Partido Socialista (PSOE) afirmaba, en los pasillos, que «el Gobierno va a rastras de los acontecimientos, devolviendo un derecho que han ganado los empleados públicos en los Tribunales y tratando de utilizarlo desde un punto de vista electoral.»
«A trocitos y con liturgia limosnera», esputaba Joan Coscubiela, diputado por la Izquierda Plural, a lo que Montoro respondía con un contundente «se está usted oponiendo a devolver la paga extra a los funcionarios».
A las críticas de Coscubiela se sumaban otros parlamentarios como la viguesa Olaya Fernández Dávila, del Bloque Nacionalista Galego, que consideraba que el Real Decreto «no aprovecha para devolver la paga en su integridad» y que además se debería haber hecho «con intereses».
Partida para defensa
Además de considerar que no está justificado el uso Real Decreto y solicitar su tramitación como Decreto Ley, lo que finalmente ha sido rechazado en votación, los 20 millones de euros que recibirá el Ministerio de Defensa para la adquisición de vehículos han sido objeto de duras críticas por la mayor parte de los grupos, en especial de Pedro Azpizu el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso que calificaba de «falta de respeto y abuso de la mayoría absoluta».
Sin embargo poco se ha escuchado de los 282,38 millones de euros que se destinarán al Ministerio de Fomento para atender obligaciones heredadas de ejercicio anteriores y los gastos del hundimiento del «Oleg Naydenov», ni de los 76,32 millones que irán a parar a Agricultura con los que se regularizarán los gastos de la Dirección General del Agua y a dotar de financiación a la Confederaciones Hidrográficas.
