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La FAPE traslada a la ministra de Trabajo los problemas del periodismo

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha trasladado a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, los principales problemas que afectan a la profesión periodística relacionados con su departamento y con otras áreas del Gobierno, desde los becarios a la figura de los falsos autónomos o la necesidad de incluir el Periodismo como materia en la reforma educativa y del acceso a la enseñanza.

 

Durante una “intensa, prolongada y fructífera reunión” con el presidente y el vicepresidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez y Aurelio Martín, respectivamente, Valerio conoció la precaria situación por la que atraviesan muchos profesionales, así como los fotoperiodistas, ya que también se le hizo llegar la problemática que detecta la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV), vinculada a FAPE.

Entre otros aspectos, hablaron del incremento del trabajo gratis y de las prácticas sin remunerar mientras se exige el cumplimiento de un horario, a lo que Valerio respondió a la FAPE haciendo alusión al Plan por un trabajo digno, recientemente aprobado por el Gobierno de España, que recoge entre otros aspectos la lucha contra todo este tipo de situaciones totalmente irregulares.

Además, se advirtió a la ministra de la precaria situación por la que atraviesan muchos colaboradores de medios autónomos, teniendo en cuenta que una cuarta parte del colectivo se encuentran en este régimen, la mitad con unos ingresos por debajo de mil euros, debido a que la pieza o fotografía se abona a niveles próximos a la explotación salarial, aunque les obliga a estar pendientes del trabajo que pueda surgir los 365 días del año, las 24 horas del día.

Otro de los asuntos conversados con la ministra, según un comunicado emitido por la FAPE, es que en la actualidad medios y agencias se acogen a la figura de colaboración fija, pero obligando al periodista a darse de alta en la Seguridad Social y el IAE para que pueda emitir facturas. Denunció que se trata de falsos autónomos que deberían ser asumidos por las plantillas de las empresas para las que trabajan. Asimismo, advirtió a la ministra del intrusismo y la piratería de personas que no están dadas de alta en la Seguridad Social ni cumplen con sus obligaciones tributarias.

La FAPE trasladó a la ministra Magdalena Valerio el interés porque exista la posibilidad de acceder a los cursos subvencionados de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) en un momento de constante transformación tecnológica, así como de la creación de la asignatura de periodismo y medios de comunicación en la reforma educativa y a buscar una solución urgente para los periodistas que ahora no pueden impartir lenguas y literatura en centros privados y concertados.

Por su parte, la ministra se refirió a que la solución a muchos de los problemas expuestos se abordan en el Plan Director por un Trabajo Digno, aprobado por el Consejo de Ministros, el 27 de julio pasado, para cumplir con el objetivo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) ‘Por un empleo digno’.

Entre otros, este plan aboga por luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas ni compensadas; medidas para corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización de actividades, protección de derechos fundamentales y promoción de la igualdad, refuerzo de la lucha contra la economía irregular, afrontar las nuevas modalidades de prestación del trabajo, regularizar la situación de los trabajadores y trabajadoras que se encuentren bajo la figura del ‘falso becario’, reforzar las actuaciones para reducir la accidentalidad y morbilidad laboral y garantizar los derechos sindicales para luchar contra la precariedad laboral.

Para cumplir con este plan, entre otros objetivos, el Ministerio prevé un refuerzo en la inspección de trabajo aumentando la plantilla de inspectores, en un 25% en un horizonte de tres a cuatro años.