La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la suspensión de la libertad condicional del etarra Jesús María Uribetxebarria Bolinaga al juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro.
El juez Ismael Moreno dictó ayer prisión provisional domiciliaria y comunicada para el etarra, al que se acusa de haber matado a tiros en 1986 al guardia civil Antonio Ramos. El asesinato tuvo lugar en Mondragón (Guipúzcoa), que es el pueblo natal de Bolinaga.
El juez tomó la decisión de decretar prisión domiciliaria para el etarra, enfermo de cáncer, tras tomarle declaración a través de videoconferencia desde un juzgado de Vergara (Guipúzcoa).
El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira entiende que la prisión decretada por el juez implica «suspender la libertad condicional» de la que disfrutaba Bolinaga desde octubre de 2012, y así lo pide hasta que «se resuelva su nueva situación provisional, bien decretándose la libertad provisional, sentencia condenatoria, sentencia absolutoria o el sobreseimiento de la causa».
En la práctica, esta petición no supone en este momento ningún cambio en la situación del etarra, que continuará recluido en su domicilio, aunque esta medida podría suponer un cambio en el caso de que nuevos informes médicos revoquen la idea de que Bolinaga se encuentra en situación terminal.
La reclusión domiciliaria debe ir acompañada de las «medidas de vigilancia necesarias» para controlar, entre otras cosas, las visitas que recibe Bolinaga en su casa o que el recluso salga sólo cuando sea necesario para tratar su enfermedad.
La fiscalía no descarta solicitar nuevos informes médicos para confirmar el estado de salud de Bolinaga, que podría regresar a prisión en caso de no encontrarse en situación terminal.
