En octubre del pasado año se llevó a cabo un plan intensivo de inspecciones en talleres mecánicos, que supuso el cese de actividad en 238 de ellos por ser ilegales

El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha firmado un procedimiento de colaboración con Mario Armero Montes, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y con Juan Antonio Sánchez Torres, Presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM), con la finalidad de promover la colaboración en tareas, actividades y proyectos que permitan mejorar la investigación de las actividades ilícitas desarrolladas en el ámbito de la reparación y el mantenimiento de vehículos, favoreciendo así su erradicación.

Este tipo de actividades ilícitas desarrolladas en el ámbito de la reparación y mantenimiento de vehículos incumpliendo la normativa reguladora suponen un grave perjuicio para toda la sociedad, por cuanto ponen en riesgo tanto la seguridad vial (al realizar reparaciones carentes de control de calidad y garantía) como la seguridad medioambiental (espacialmente en lo referente al reciclaje de productos de desecho). Además de que constituyen un campo de cultivo propicio para el fraude fiscal y para el incumplimiento de la normativa reguladora de la Seguridad Social y de la de los trabajadores, además de suponer una competencia desleal para las empresas que cumplen todos los requisitos legales vigentes.

Operación “Talleres Mecánicos”

Durante el pasado mes de octubre de 2014 la Guardia Civil llevó a cabo un plan de intensificación en las inspecciones a talleres mecánicos, tras haber tenido conocimiento de la proliferación de establecimientos regentados por personas que aunque tenían conocimientos en la materia, carecían de cualquier titulación ni licencia de actividad.

En cuanto a los resultados de la operación, se llevaron a cabo 5794 inspecciones con la interposición de 9549 denuncias de carácter administrativo que han sido tramitadas por los órganos competentes de las diferentes Comunidades Autónomas. De ese total, el 61.7% lo fueron por incumplimiento de la normativa medioambiental; el 27.9% por carencia de licencias municipales o incumplimiento de la normativa de industria; el 10.4% restante corresponden a infracciones a otro tipo de regulación entre las que destacan las relativas a la Seguridad Social o a la normativa Tributaria. Como consecuencia de ello, al finalizar y analizar los resultados de esta operación, un total de 238 talleres ilegales han clausurado su actividad.