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La Ministra Batet acordó hoy con los funcionarios públicos ampliar la duración de los permisos de paternidad

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, firmó hoy con los sindicatos dos acuerdos que amplían los derechos de los empleados públicos y avanzan en la conciliación de su vida laboral y familiar.

Por aplicación del acuerdo que la ministra calificó de “histórico”, los funcionarios públicos disfrutarán en 2019 de ocho semanas de libranza por paternidad y el permiso que se irá ampliando de forma progresiva hasta alcanzar las 16 semanas en el año 2021.

“La Administración General del Estado tiene que dar ejemplo en la implementación de medidas que impulsen la corresponsabilidad de sus empleados públicos, y equiparar, la duración del permiso de paternidad, parto o adopción al de maternidad”, reivindicó la ministra.

Esta iniciativa, firmada con los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y CIG, equipara los permisos de maternidad y paternidad; siendo de disfrute obligatorio para el padre en las cuatro primeras semanas tras el nacimiento.

Para garantizar la corresponsabilidad en el cuidado del menor, las semanas no serán transferibles entre sí ni serán simultáneas sino anteriores o sucesivas al permiso por parto o por adopción del otro progenitor.

El acuerdo beneficia a todo el personal de la Administración General del Estado, cuyo número de peticiones por paternidad ha oscilado entre los 2.700 y 3.000 anuales, conforme a estimaciones del Ministerio.

HORAS PARA EL CUIDADO DE MENORES

Además, los funcionarios contarán con una bolsa de horas equivalente al 5% de la jornada anual (alrededor de 85 horas) para la conciliación familiar en los casos de cuidados de hijos menores de edad o atención de mayores y personas dependientes.

Este segundo convenio, suscrito por CSIF, UGT y CIG, estipula que dichas horas deberán ser recuperadas en el trimestre inmediatamente posterior a su utilización.

CCOO lamentó la “oportunidad perdida de reconocer este avance a familias monomarentales y monoparentales, garantizando los mismos derechos de atención y cuidados del o la menor, aunque valoró positivamente los avances conseguidos.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), el sindicato con mayor representación en las administraciones públicas, anunció que va a mantener una “posición crítica y reivindicativa” hacia el Gobierno para reclamar un permiso de 20 semanas como el vigente en Andalucía. “No puede ser que en un país haya hijos que disfruten de sus padres 40 semanas y otros solo 32”, refirió.

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT subrayó a su vez los “importantes avances” que implican en la conciliación de la vida profesional y familiar, permitiendo además mayor igualdad entre los empleados públicos.

“El Gobierno, en su papel de empleados, es un referente para el resto de actores económicos. Durante la crisis las empleadas y empleados públicos hemos sido los primeros en sufrir los recortes que después se han trasladado al resto de la ciudadanía, ahora nos toca convertirnos en un ejemplo de igualdad”, refirió el secretario de AGE de UGT, Carlos Álvarez.