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La Plataforma contra la Morosidad denuncia que el Gobierno “recibe presiones” para no sacar adelante el régimen sancionador

Las empresas del mercado continuo se ahorran 3.400 millones de euros por pagar tarde a sus proveedores

La lacra de la morosidad se ha convertido en gallina de los huevos de oro para las empresas cotizadas y en garrote vil para pymes y autónomos. Y por el momento la situación no tiene visos de cambiar, ya que para ello se necesita la aprobación de un régimen sancionador que no deje impune a las empresas que incumplen reiteradamente con los plazos de pago establecidos en la Ley 5/2010 de Lucha contra la Morosidad. Régimen que, cabe recordar, según el compromiso adquirido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro debería haber entrado en vigor a finales del segundo semestre de 2014, y que por el momento ni ha visto la luz ni se le espera.

Durante la presentación del Informe Los plazos de pago en las empresas cotizadas, elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), su presidente Antoni Cañete, ha afirmado al respecto que hay “buenas palabras pero realidades ninguna”. Algo que se debería a las “presiones muy importantes” que estaría recibiendo el Gobierno por parte de las grandes empresas, que se valen de su posición de fuerza para pagar a sus proveedores en plazos que superan en más de tres veces el establecido por Ley.

Lo cierto es que pagar fuera de plazo es una forma muy rentable de financiación para las empresas cotizadas. Según el informe presentado esta mañana el ahorro financiero anual para éstas compañías ascendió a 1.392 millones de euros a lo que se suman los 1.985 millones que deberían abonar en concepto de intereses de demora. Es decir, pagar tarde a los proveedores supone a las empresas del Ibex 35 y del Mercado continuo la friolera de 3.377 millones de euros de ahorro (2.834 millones en el caso de las del Ibex), lo que supone el 19 por ciento de su beneficio. Unas cifras calculadas sobre la cartera excedida sobre los plazos legales de pago que a cierre de 2014 en las cotizadas alcanzó los 66.680 millones de euros, y los 57.824 millones en el de las del Ibex 35.

Estos montantes van acompañados de un empeoramiento en los plazos medios de pago de 5 días (3 por ciento más que en 2013), alcanzando los 187 días de media lo que demuestra, en palabras de Cañete “la inoperancia del Gobierno en materia de morosidad en el ambito privado, a pesar de sus compromisos públicos”.

Por sectores, el de la construcción con 300 días de media (2 por ciento más que en 2013) vuelve a ser el que más se demora en los pagos, le sigue comercio y servicios con 290 días (8 por ciento más). Lo curioso es que estas empresas cobran de la Administración en periodos medios de 137 y 78 días, respectivamente.

Denuncias en la Unión Europea

Si bien el pasado 02 de abril Diario Financiero adelantaba que Bruselas estudia sancionar a España por incumplir la Ley de Morosidad, esta mañana Antoni Cañete ha confirmado que “ya se ha iniciado el proceso sancionador” además ha recordado que desde la PMcM en abril, octubre y diciembre de 2014 se presentaron 3 denuncias cuyo contenido se concretan en la ambigüedad de los plazos de validación de las facturas, el pago de los intereses de y las indefiniciones en leyes como la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (Lorcomin) que permiten pactar plazos de pago fuera de lo establecido por Ley.

Cañete ha explicado que “la normativa ha involucionado”. De hecho cuando se traspuso la Directiva europea de lucha contra la morosidad “se hizo correctamente” pero con la aprobación de Ley de Emprendedores se dejó al albur del término ‘abusivo’ los periodos de verificación de las facturas, permitiéndose que éstas permanezcan en el cajón incluso más allá de 30 días.  A este respecto el presidente de la PMcM ha explicado que “el ministerio de Hacienda se ha puesto en contacto con la plataforma” y que “está dispuesto a hablar sobre las correcciones, que se quedan en muy buenas palabras mientras que lo que necesitamos son hechos y acciones”.

Tolerancia cero

Un tercio de las empresas se han visto abocadas al cierre por causa de la morosidad. Un mal que afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas, que aportan en 60 por ciento del PIB de España. El pasado mes de febrero todos los partidos políticos firmaron el documento Tolerancia cero contra la morosidad, en el que se ponían encima de la mesa, además de compromisos, dos propuestas que servirían para, al menos, disuadir a los incumplidores: la recuperación del IVA no cobrado y la incorporación de una casilla que indique los plazos medios de pago a proveedores en los balances y cuentas de resultado de las grandes empresas.

El guante fue recogido también por el propio ministro Montoro, quien sin embargo no fijado fecha para su puesta en marcha. Es por ello por lo que desde la PMcM se ha vuelto a convocar a partidos políticos, empresarios y sociedad civil a la Asamblea abierta en la que se expondrán tanto los avances como las nuevas propuestas en materia de morosidad.