Contel hace esta afirmación en una entrevista en ‘Libremercado’ recogida por Servimedia, en la que se refiere al hecho de que el Gobierno y Podemos, dentro de las negociaciones para los Presupuestos de 2019, hayan constituido un grupo de trabajo para lo que denominan «desprivatizar» la sanidad.

A este respecto, Contel afirma que «la sanidad pública se colapsaría de forma irremediable sin la colaboración de la privada». Sostiene que «las consecuencias para los pacientes, para los ciudadanos y para el Sistema Nacional de Salud serían terribles y, en algunos casos, irreparables, sin mencionar lo que supondría para otros ámbitos, tanto económico como laboral».

Destaca que «ni la Ley General de Sanidad ni la Ley de Contratos del Sector Público permiten la discriminación a las empresas con ánimo de lucro, algo que ASPE ha denunciado ya ante la Comisión Europea».

Esta representante de la patronal sanitaria española también se refiere a que el «modelo Alzira», que funcionaba en la Comunidad Valenciana hasta la llegada del PSOE y Compromís al poder, era una fórmula de colaboración de la sanidad privada con el sistema público que «ha demostrado su eficiencia, tanto en términos económicos -ahorra costes al sistema-, como en calidad asistencial -reduce las listas de espera y mejora la satisfacción de los pacientes-«.

23% DE LAS URGENCIAS NACIONALES

Al mismo tiempo, indica que la reversión del Hospital de La Ribera ha obligado a la Conselleria de Sanidad valenciana a contratar a 480 trabajadores más para llevar a cabo la misma gestión de esta área de salud.

Según Contel, el cambio se ha hecho «atendiendo a menos pacientes y aumentando la lista de espera, generando, en consecuencia, un mayor gasto que, por el momento, no ha derivado en un mejor funcionamiento en la cifra de pacientes atendidos ni en lista de espera superior a 30 días, que se ha incrementado del 25% al 35,6%».

La presidenta de ASPE advierte al Gobierno de que con la supresión de los modelos de colaboración sanitaria público-privado, como ha sido el caso del modelo valenciano, «el paciente sería el principal perjudicado, llegando incluso a poner en riesgo la prestación de la asistencia sanitaria».

Desta a que «además de la repercusión directa en los pacientes, el Sistema Nacional de Salud sufriría un colapso». «España cuenta con 10 millones de asegurados», afirma Contel, «que ahorran más de 4.300 millones de euros y descongestionan las listas de espera de la sanidad pública. La sanidad privada realiza el 30% de las intervenciones quirúrgicas de nuestro país y atiende el 23% de las urgencias. Si la sanidad pública tuviera que asumir estas cantidades, sería inviable e insostenible».