La Seguridad Social lastrará las cuentas de España más allá de 2019

La AIReF pide mayor participación de las autonomías en el diseño de la política fiscal 

España tendrá que esperar otros tres años para salir del procedimiento de déficit excesivo. Para José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la orientación es alcanzar la «normalidad» en 2019. Un estado de ficticio equilibrio presupuestario ya que en España «persistirá un déficit estructural del 2%», en el que los ingresos se elevarán cerca de un punto del PIB, situándose en el en torno del 39% y los gastos podrían reducirse en más de dos, pasando del 43,2% actual al 41%.

 

Los Fondos de la Seguridad social serán los responsables del 60% de esta desviación, debido principalmente al lastre del inevitable gasto en pensiones en el entorno del 2,5%.

 

De hecho, y por este mismo motivo, la pasada semana la máxima autoridad fiscal daba por perdido el cumplimiento de los objetivos de déficit del -1,1% del sistema y advertía de que será necesario incrementar los ingresos por cotizaciones un 8,9% para alcanzarlo. Cosa harto complicada si tenemos en cuenta que, en lo que llevamos de año, el ritmo de los avances en los ingresos a cuenta del sistema es del 1,9%.

 

La desviación prevista para los próximos tres años es, sin embargo, es «algo manejable», explicó ayer martes Escrivá, que participó en la segunda jornada de los cursos de verano organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), aunque «conviene que exista un plan para arreglarlo con un senda de ejecución creíble».

 

Respecto al otro 40% de exceso de déficit será imputable a las comunidades autónomas que, de no tomarse medidas adicionales, continuarán incumpliendo con los objetivos previstos para el periodo, debido principalmente a «la situación de infrafinanciación que padecen algunas de ellas».

 

Apartado éste en el que la sanidad tiene peso especial por su «tendencia de gasto muy fuerte» que requiere de mecanismos que lo compense. Escrivá, que calificó el actual marco normativo de «muy deficiente» por su «dañino» carácter cortoplacista, pedía al nuevo Gobierno dar un paso adelante en el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica, superando la «ausencia de corresponsabilidad fiscal no por la vía coercitiva, sino haciéndolas sentir que el objetivo es también de ellas mismas».

 

«Si España tuviera la prima de riesgo de Bélgica se ahorraría 10.000 millones de euros del PIB»

 

Es decir, para la AIReF una de las actuaciones prioritarias es dotar a las autonomías de mayor grado de participación tanto en el diseño de la regla de gasto como en la evaluación de los costes. Asimismo se debe completar con una mejor transparencia en el grado de conocimiento de los presupuestos. Repensando instituciones como el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de que las decisiones sean el resultado colectivo de un ejercicio de consenso y conseguir que la estabilidad presupuestaria sea un bien compartido, aunque «no es fácil y requiere un reforzamiento institucional fuerte».

 

En este aspecto quiso destacar que «las iniciativas de las CCAA se ven limitadas y desincentivadas por el diseño normativo sistémico» y que el nuevo modelo de financiación pasa sólo por dos alternativas «o vamos a un modelo federal como el de Estados Unidos con posibilidad de default de las regiones o a un modelo alemán en el que el conjunto de todos los Lander se orienten la estabilidad presupuestaria desde la corresponsabilidad».

 

Vientos de cola

Otra de las razones de que se perpetúe esta situación radica en que a partir de 2018 «no habrá vientos de cola en 2018» y la subida tanto de los tipos de interés como de los precios del petróleo dejarán de ser un acicate para la economía. Por ello se hace necesario profundizar en las reformas. Entre ellas la de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF), sobre la que Escrivá dijo que  «falta efectividad y consistencia».

 

«Hay que hacerlo todo más simple y más flexible», afirmaba, y superar el «espacio gris» que se da en cuestiones relevantes para la política fiscal del país como la métrica de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el Plan de Estabilidad presupuestaria.

 

Por otra parte Alcanzar el equilibrio presupuestario es también cuestión de confianza o lo que es lo mismo «si España tuviera la prima de riesgo de Bélgica se ahorraría 10.000 millones de euros del PIB». Según el presidente de la AIReF la laxitud y falta de rigidez del Gobierno para con el resto de administraciones a las que «no se les exige el cumplimiento (de las normas)», ha generado un «déficit de credibilidad en las finanzas públicas».

 

Éstas, además, giran en torno a reglas que ha tachado de «excesivas, inconsistentes y de escasa exigibilidad», a lo que se suma que «no existe un compromiso a largo plazo para la sostenibilidad financiera».

 

FLA poco transparente

La transparencia es otro de los retos que el futuro Gobierno deberá abordar. En este sentido si bien «ha habido avances que han puesto a España a la cabeza» como la elaboración de informes trimestrales, etc…, quedan todavía pasos por dar. Es el caso de las relaciones bilaterales entre Hacienda y las comunidades autónomas, «el FLA es poco transparente y no se conoce el detalle del seguimiento», se lamentaba.

 

Tampoco se da la justificación a por qué no se ponen en marcha algunas de las recomendaciones que se han realizado desde la institución que preside, como por ejemplo la relativa al Comité de Cuentas Nacionales que «todavía no se ha constituido.“Hay una resistencia cultural a dar explicaciones de por qué se hacen las cosas”, afeaba al actual Gobierno en funciones.

 

Debilidades y retos

La Unión Europea no es inmune a los riesgos bancarios y soberanos. El agotamiento de los colchones internos y los de fondos de garantía de depósito obligó al sector público a asumir una mayor cantidad de deuda, incrementándose el riesgo bancario que a su vez se trasladó al riesgo soberano, desembocando finalmente en la crisis de 2008 y que afectó de forma desigual a los países de la UE.

 

Los estados deben ser capaces de crear colchones suficientes para poder afrontar nuevos shocks

 

Pese a que se ha avanzado en la creación de mecanismos únicos de resolución en palabras de Escrivá «la mutualización de riesgos está paralizada». La opinión de la AIReF es que debemos evolucionar hacia un sistema de «riesgos que deben ser compartidos entre todos lo países que conforman la UE», así como hacia la puesta en marcha del Fondo de Garantía de Depósitos Europeos. Se añade que no se da la suficiente predictibilidad acerca de cuál va a ser la dirección hacia la que van a virar las normas emitidas por Bruselas, lo que hace que la gestión del riesgo sea menos eficaz.

 

Todo lo anterior, obliga a reforzarse a nivel nacional, con el objetivo de ser capaces de crear los colchones suficientes para poder afrontar nuevos shocks con los que se asegure que en caso de que se produzcan nuevos desequilibrios económicos y financieros éstos no se trasladen a las cuentas públicas, «hay que combinar organismos internacionales con otros nacionales que puedan que gestionar los problemas internos».

 

La prociclicidad de las cuentas públicas es otro de los desafíos a afrontar. El extraordinario hundimiento de los depósitos y el gasto de desempleo aboco al crecimiento del déficit y al incremento de la deuda de 65 puntos (de 35 a 100) en el periodo de crisis. Tal y como explicó el primer espada de la máxima autoridad fiscal la debilidad cíclica y la inadecuada gestión de las cuentas públicas serían las principales responsables de este aumento, mientras que las ayudas a la banca y a los estados apenas habrían tenido impacto.

 

Análisis que pone de manifiesto que «España necesita reglas eficaces para la estabilización en los ciclos», aunque no vía impositiva ya que es difícil conseguir impuestos acíclicos con excepción de los impuestos sobre la propiedad como el IBI.

 

Por último Escrivá ha valorado las recomendaciones de la Comisión Europea respecto al déficit insistiendo en que «es deseable que sea el país quien fije sus riesgos».