El gravamen tendrá un impacto negativo sobre el bienestar de los consumidores españoles con un valor económico estimado de entre 515 y 665 millones de euros, derivado del incremento del precio de los productos y servicios, lo que conlleva pagar más por ellos (repercutiendo negativamente en el ahorro) e incluso, en algunos casos, no poder permitirse su adquisición y disfrute.

El informe estima que las empresas españolas usuarias de los servicios digitales verán reducidos sus beneficios entre 450 y 562 millones de euros, sumando el incremento del coste de uso de plataformas y marketing ‘online’ y la disminución de las ventas por el traslado de parte del precio al cliente final.

Este efecto en el beneficio de las empresas españolas tendrá una repercusión económica negativa de hasta 662 millones de euros sobre el PIB nacional, según PwC. Asimismo, como resultado colateral, la introducción de este impuesto tendrá un impacto neto negativo sobre la recaudación del IVA, debido a la disminución de la facturación.

Los autores auguran que la ‘tasa digital’ tendrá un efecto distorsionador sobre el mercado, creando ventajas competitivas de determinadas empresas sobre otras. El impuesto perjudicará a las compañías más digitalizadas que utilicen plataformas de terceros para vender o anunciar sus productos −principalmente pymes, por el menor coste−. Estas pymes se verán, por un lado, perjudicadas al exportar, ya que pagarán al menos la mitad del impuesto, funcionando como un arancel a la exportación. Por otro lado, en el mercado doméstico pagarán el impuesto completo, quedando en desventaja competitiva respecto a los importadores extranjeros, que pagarían solo la mitad, incentivando así la importación.

Para María Teresa Gómez Condado, directora general de Ametic, el nuevo impuesto supone «una penalización a la industria digital, el primer sector generador de crecimiento y empleo». «Además, el planteamiento del impuesto, al gravar los ingresos y no los beneficios, contradice el tradicional principio internacional de gravar los beneficios corporativos y puede dar lugar a situaciones de doble imposición. Con todo, para llevar a cabo una correcta fiscalización de los ingresos digitales se precisan medidas globales y coordinadas en el seno de la OCDE que eviten efectos distorsionadores sobre el mercado y países beneficiados y perjudicados”, indicó.

Por su parte, José Luis Zimmermann, director general de Adigital, aboga por una regulación aceptada y consensuada a escala global. “Se trata de lograr un marco regulatorio moderno y adecuado, que incorpore los principios internacionales que han posibilitado la innovación hasta ahora, pero que se adapte también a los numerosos cambios que trae consigo la digitalización. España no puede adoptar medidas unilaterales que nos dejen en una situación de excepcionalidad, y por tanto de desventaja, en el contexto político y económico internacional. Estamos hablando no solo del impacto en la competitividad y la inversión en nuestro país, sino también sobre la fragmentación del Mercado Único Digital”, manifestó.