El Real Decreto que autoriza la devolución podría estar listo la próxima semana
El Gobierno aprieta con el déficit pero no ahoga con los plazos de devolución de la paga extra. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana la solicitud a la Comisión Permantente del Consejo de Estado del Dictamen de urgencia –antes del próximo viernes 11 de septiembre- para la aprobación de Real Decreto Ley que dará vía libre a la concesión de varios créditos extraordinarios, entre ellos el que financiará el segundo tramo de la devolución de la paga extra congelada en 2012 a los funcionarios.
Sin embargo, y como ya ocurrió a principios de año con el primero de los reembolsos, no todos la cobrarán a la vez. Sólo serán aquellos que trabajen para la Administración del Estado –policías nacionales, funcionarios de correos, guardias civiles, jueces, inspectores, empleados ministeriales, etc…- los que, en palabras de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, “en cuanto se puedan habilitar las nóminas” recibirán el ingreso en cuenta. Aunque no se han concretado fechas, según han explicado fuentes del Gobierno a Diario Financiero, el procedimiento “es más rápido que el cobro y se abona un día cualquiera, por eso se tramita aparte”. Es decir que todo apunta a que el abono podría producirse entre finales de septiembre y el próximo mes de octubre.
El carácter “básico y potestatario” que ya adelantó ayer la vicepresidenta, permite que tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos y Entes Locales, decidan “según sus planes de ajuste y conforme proceda en la negociación con sus centrales sindicales”. Es decir, establece una obligación sine die.
Con ello el Ejecutivo limita, en cierta medida, los riesgos de incumplimiento de déficit, ya que los gastos de personal computan como tal en las cuentas y serán muchas las administraciones autonómicas y locales las que, en palabras de Miguel Borra, presidente la Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSI-F), “vinculen la devolución de la paga al cumplimiento de los objetivos marcados por el Gobierno”.
De hecho si atendemos a la ejecución de la orden de devolución del primer 25 por ciento de la paga -aprobado en noviembre de 2014 y con fecha de aplicación desde enero de 2015- las respuestas han sido “variopintas”, explica Borra. Frente a Comunidades Autónomas como Madrid que, junto al Estado, “pagó desde el minuto uno”, Andalucía y Castilla la Mancha (curiosamente dos de las que tienen mayor riesgo de incumplimiento de déficit), entre otras, no han realizado la correspondiente transferencia a sus empleados. Otras, como Aragón lo hicieron el pasado mes de abril. Incluso algunas, como Galicia han diluido el pago en dos.
Para evitar esta disparidad desde el CSI-F consideran que la orden debe tener “consideración de norma básica” y así se lo transmitirán al Gobierno “el mismo lunes”, ha confirmado su presidente.
Moscosos y canosos
En la “breve” rueda de prensa Sáenz de Santamaría ha detallado que la recuperación del 26,23 por ciento de la paga que se les congeló en 2012, supondrá un coste de 252 millones de euros para la Administración General del Estado.
Además los funcionarios recuperarán su derecho a los seis días de ‘moscosos’ (días de asuntos propios), que se limitaron a 3 con los ajustes de principios de legislatura. Así como también se restablecen los conocidos como ‘canosos’ (permisos para asuntos particulares por antigüedad) que, con carácter “potestativo, básico y no ampliable”, una vez cumplidos 15 de antigüedad, dan derecho a cuatro días de vacaciones por quinquenio, dos días de libre disposición adicionales a partir del sexto trienio y un día adicional a partir del octavo trienio y sucesivos.
Sáenz de Santamaría ha insistido de nuevo en que la devolución del esfuerzo de los funcionarios es posible gracias a la recuperación de la economía española, que marca ritmos de crecimiento superiores al 3 por ciento, así como al aumento de la recaudación que se ha visto favorecido por el mayor dinamismo de la actividad, el consumo y el empleo.
