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Las decisiones económicas que el nuevo Gobierno deberá tomar en el corto plazo

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene que tomar importantes decisiones económicas en las próximas semanas, entre las que se encuentran cómo va a financiar la paga extraordinaria de verano de los pensionistas, la relicitación de las autopistas de peaje rescatadas por el Estado y la aprobación del límite de gasto no financiero (conocido como ‘techo de gasto’) de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

PAGA EXTRA DE JULIO DE LAS PENSIONES

Por una parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, deberá decidir qué instrumentos utilizará para abonar la paga ordinaria y extraordinaria a los pensionistas en el mes de julio, que el año pasado supuso unos 9.500 millones de euros.

Tras la última adquisición, el Fondo de Reserva acumula a 1 de diciembre de 2017 un importe de 8.095 millones de euros (precio de adquisición), que supone un 0,73% del PIB. En valor de mercado, tiene un valor estimado de 8.084 millones de euros (0,73% del PIB).

Además, en el proyecto de Presupuestos para este año hay consignado un crédito de 15.164 millones para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, y también figura que el Gobierno sacará 3.826 millones del Fondo de Reserva. Sánchez y sus ministros asumen el Gobierno con unos Presupuestos de 2018 diseñados y negociados por el PP que, salvo sorpresas, no sufrirán modificaciones sustanciales durante su tramitación en el Senado.

‘TECHO DE GASTO’

En lo que respecta al Ministerio de Hacienda, el nuevo equipo encabezado por María Jesús Montero se enfrentará a su primer reto con la configuración del ‘techo de gasto’ de 2019 y que supondrá el primer paso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

Este límite, que debe ser aprobado por el Congreso de los Diputados y remitido a Bruselas en el primer semestre del año, tiene como referencia los 118.337 millones de euros en los que se estableció el techo de 2018. Una vez fijado, el Gobierno pasará a elaborar el proyecto presupuestario de 2019, que, según el artículo 134 de la Constitución, debe presentarse en la Cámara Baja antes de finalizar septiembre.

Sobre este tema, Montero ya ha asegurado durante sus primeros días en el cargo que su prioridad es trabajar en la elaboración de las cuentas públicas del próximo año.

Por su parte, entre las grandes medidas pendientes del Ministerio de Fomento destaca la relicitación de las autopistas quebradas que el departamento dirigido por Íñigo de la Serna pretendía llevar a cabo antes de que concluya este año, con la aprobación este mes de junio de los pliegos de los contratos de estas nuevas concesiones. El objetivo era reducir su impacto en el déficit público de 2018, puesto que su previsión era recaudar entre 700 y 1.000 millones de euros.

También debía decidir antes de que finalice este ejercicio qué hacer con las autopistas de las que vence su concesión, como la AP-1 entre Burgos y Armiñón. A este respecto, el PSOE ha abogado por que no sean licitadas de nuevo y pasen a ser gratuitas.

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mantener o alterar los plazos del proceso de privatización de Bankia es otro tema que queda en el aire. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) tiene de plazo hasta finales de 2019 para completar la venta de la entidad nacionalizada, de la que el Estado controla más del 60%. En todo caso, cabe la posibilidad de que con la aprobación de un real decreto se amplíe el mismo, como ya ocurrió en una ocasión anterior.

Además, en el Ministerio de Economía Román Escolano deja a Nadia Calviño su propuesta de reforma de los órganos reguladores y supervisores, que, por ejemplo, iba a dividir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La idea de Escolano, que recogía la iniciativa de su antecesor en el cargo Luis de Guindos, era separar la actual CNMC, creándose una nueva autoridad independiente de competencia y otra de supervisión y regulación de los mercados.

También quería poner en marcha sendas autoridades independientes de seguros y planes de pensiones, así como de protección al ahorrador, y que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) se integrara en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

En el cajón del Ministerio de Energía, ahora reconvertido en Transición Ecológica, ha quedado la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático, así como el Plan Nacional de Descarbonización, normativas que Álvaro Nadal no aprobaba ante la indefinición de la Comisión Europea.

Además, está pendiente de su tramitación en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley impulsado por el Ministerio para regular el cierre de centrales de producción eléctrica por motivos económicos o medioambientales y no solo atendiendo a la seguridad de suministro.

RENTA COMPLEMENTARIA DE DESEMPLEO

En el ámbito del Ministerio de Empleo, ahora de Trabajo, Valerio recogerá las negociaciones con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas la nueva Renta Complementaria de Desempleo (RED) de 430 euros mensuales, como solución al fin de la vigencia de los programas temporales destinados a los parados de larga duración.

Aunque esta negociación quedara paralizada, en los Presupuestos está incluido un subsidio extraordinario por desempleo de la misma cuantía que estaría vigente mientras se acuerda una solución a los programas temporales para parados.

Asimismo, Fátima Báñez trabajaba junto con las organizaciones empresariales y sindicales en medidas, entre otras, para reducir la brecha salarial de género y hacer que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva en las empresas con auditorías salariales.