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Las empresas que contraten con el Estado no podrán pactar ‘extra legis’ con terceros

El Gobierno exigirá acreditar los plazos medios de pago a proveedores a las empresas que liciten

Aunque con cuentagotas el Gobierno va dando color a la bandera de la lucha contra la morosidad. La nueva Ley de Contratos del Sector Público, impedirá que las empresas que resulten adjudicatarias de un contrato público obliguen a sus subcontratas a formalizar pactos que vayan en contra de lo estipulado por Ley.  Durante un encuentro con periodistas mantenido esta misma mañana la subsecretaria de estado de Hacienda, Pilar Platero, ha explicado que “los derechos reconocidos por Ley al subcontratista no son renunciables”, la medida, que tiene como objetivo garantizar el cobro de las pequeñas empresas que participan de forma indirecta en los contratos con la Administración, toma como ejemplo la “irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores regulada por el derecho laboral”. Tal y como ha explicado el Director General del Patrimonio del Estado, Juan Antonio Martínez Menéndez esta limitación “se extenderá además por un plazo de 15 años, que es el periodo de prescripción de los contratos”.

Otra de las obligaciones que recoge el Anteproyecto de Ley (APL) para desincentivar la morosidad es la de acreditación de los plazos medios de pago a proveedores (PMP) de aquellas empresas que quieran participar en los concursos públicos convocados por cualquiera de las Administraciones. Todas aquellas empresas cuyos PMP superen los periodos máximos de 60 días quedarán “por inercia” fuera del proceso. Sin embargo y como en todo hay excepciones que dependerán de los “criterios del órgano de contratación”, ha puntualizado Martínez Menéndez, que apostillaba que “para periodos de ejecución más largos se permitirán periodos de pago más largos”.

El APL de Contratos del Sector Público dará, además, entrada a un mayor número de empresas en los concursos públicos, para ello y como regla general se desagregará el objeto del contrato en lotes, facilitando así la participación de las pymes que en muchas ocasiones no tienen capacidad técnica ni económica para poder concursar. De este modo se invierte la excepción que se recoge en la normativa actual y desde el momento de la aprobación de la Ley se deberá justificar la no existencia de lotes en los contratos.

Menos burocracia y más publicidad

La apuesta clara del equipo que capitanea Cristobal Montoro por que las pequeñas y medianas empresas observen los contratos públicos como alternativa de negocio, se refleja también en la reducción de las cargas administrativas. Las sociedades se podrán olvidar del papeleo previo a la adjudicación y bastará con la presentación de una Declaración responsable. Además se evitarán duplicidades ya que aquellas que estén inscritas en el Registro Oficial de Licitadores (Rolece) no tendrán que presentar la documentación que ya aportaron en su momento y tendrá validez en todos los concursos que se convoquen tanto en España como en la Unión Europea.

La plataforma de Contratación del Sector Público, que “ya está preparada para una tramitación electrónica integral” será la herramienta a través de la que se podrá acceder a los anuncios, pliegos, ofertas y apertura de todos y cada uno de los procedimientos que se convoquen por la Administración, bien sea local, autonómica o estatal. Además se elimina la posibilidad de acogerse al procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía.

En lo que respecta a la mejora de la publicidad y la transparencia la creación del procedimiento abierto simplificado es, en palabras de Platero, “una verdadera revolución”. Con este procedimiento el tiempo máximo que transcurrirá desde la presentación de la Declaración responsable hasta la adjudicación será de un mes.

Otra de las novedades más destacadas es la ampliación del ámbito subjetivo de la Ley a partidos políticos, sindicatos, organizaciones, empresariales y fundaciones vinculadas a los mismos que estén mayoritariamente financiados con dinero público.

Innovación y responsabilidad social

La innovación y la resposabilidad social también serán impulsadas en las nuevas fórmulas de contratación. Con respecto al primero se crea nuevo procedimiento de Asociación para la innovación y se dividirá en dos fases, en la primera se seleccionarán un grupo de candidatos que contarán con la financiación del Estado para desarrollar las actividades dirigidas del I+D; en la segunda todos ellos deberán concurrir a un nuevo proceso en el que el adjudicatario será aquel que presente la oferta con mejor relación calidad – precio.

En lo que respecta a las políticas sociales, las empresas con más de 50 trabajadores deberán contar en su plantilla con, al menos, un 2 por ciento de trabaja dores con discapacidad y la Administración podrá reservar contratos públicos para centros especiales de empleo y centros de inserción social.