Las patronales de Baleares rechazan propuesta de prohibir los vehículos diésel nuevos

Distintas organizaciones empresariales manifestaron este miércoles su rechazo a la prohibición a los vehículos diésel nuevos que incorpora el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética impulsado por el Govern de Baleares.

En un comunicado conjunto, diferentes patronales de Baleares y de ámbito nacional señalaron que esta medida “restará competitividad a las empresas y tendrá efectos perjudiciales para el medio ambiente en las islas y, al carecer de un plan integral de desarrollo del vehículo eléctrico, su aplicación será muy costosa en términos económicos para los ciudadanos”.

La oposición a prohibir los vehículos diésel nuevos en Baleares que incluye el proyecto de ley llega de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), integrada en la Confederación Española de Organizaciones Empresaria (CEOE), de la Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Balears (Aseda) y de la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos con Conductor (Baleval), integradas en la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), que también tachan la norma balear de “contraria a la política europea”, así como de “regresiva y discriminatoria”.

Las organizaciones empresariales expresan su “apoyo a las políticas que promueven la mejora de las condiciones medioambientales y el respaldo a los objetivos que persigue esta nueva norma”.

Sin embargo, critican de forma conjunta que “prohibir los vehículos diésel nuevos a la vez que se mantiene y se protege a los coches antiguos provocará el progresivo envejecimiento del parque automovilístico, que es el responsable del 80% de las emisiones contaminantes y del empeoramiento de la calidad del aire en las islas”.

Las patronales también reprochan que el proyecto de ley carezca de un plan integral de desarrollo para el vehículo eléctrico y no incluya incentivos y beneficios fiscales, por lo que su aplicación en los términos en que está redactado supondrá una pérdida de competitividad y un esfuerzo económico para los ciudadanos.

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